Monterrey, N.L.—
El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó un punto de acuerdo para instruir a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a realizar una revisión de situación excepcional a los contratos, ingresos y operatividad del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode).
Lo anterior, tras denunciarse la suspensión unilateral del acceso a los rellenos sanitarios a camiones recolectores de basura provenientes de los municipios de Monterrey y Apodaca.
La propuesta, presentada por la diputada Lorena de la Garza Venecia, a nombre de la bancada del PRI, cuestionó la legitimidad de las restricciones de acceso y acusó que la disposición de residuos públicos está siendo utilizada como una herramienta de presión o cobro selectivo por disputas políticas entre el Ejecutivo Estatal y los municipios.
En ese sentido, planteó realizar una revisión de situación excepcional a Simeprode durante la fiscalización de sus cuentas públicas de 2025 y 2026, al considerar necesario transparentar los contratos, adeudos y recursos que maneja el organismo estatal.
“¿Quién ordenó el bloqueo? ¿Con qué fundamento y con qué criterios se decide que hoy se cierran o se abren las puertas a los municipios que ya tienen contratos firmados?”, cuestionó la legisladora, quien también solicitó que Simeprode y la Secretaría de Finanzas publiquen la conciliación de cuentas de cada municipio del estado.
La propuesta contempla que la Auditoría Superior del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia, revise de manera minuciosa la aplicación de los recursos que ingresan a Simeprode y su correspondencia con el objeto para el que fue creado el organismo.
También se plantea que, en caso de encontrar violaciones graves, la Auditoría presente las denuncias correspondientes e informe al Congreso sobre las acciones realizadas, además de solicitar a Simeprode la documentación necesaria para llevar a cabo la revisión.
Debate legislativo: Exigen en Congreso transparencia a Simeprode
La diputada panista Claudia Caballero Chávez respaldó el planteamiento y señaló que los camiones de Monterrey han tenido que esperar para descargar los residuos recolectados en las colonias.
“Si existen adeudos o incumplimientos contractuales, que se cobren y que se hagan valer por las vías legales; pero cerrar las puertas de un relleno sanitario no puede ser la manera de resolver un conflicto administrativo”, sostuvo.
Caballero Chávez afirmó que Monterrey recolecta más de mil toneladas de basura diariamente y advirtió que mantener detenidas las unidades puede provocar acumulación de residuos y riesgos sanitarios, por lo que respaldó revisar contratos, pagos, adeudos, ingresos y manejo de recursos de Simeprode.
En contraparte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes Ortiz, cuestionó que se pretenda recurrir a una auditoría excepcional y consideró que el conflicto entre Simeprode y los municipios debe resolverse por las vías administrativas correspondientes.
Pámanes Ortiz señaló que no debe utilizarse la Auditoría Superior del Estado con fines políticos para presionar al organismo y sostuvo que, al tratarse de un servicio básico, las partes deben encontrar una solución al conflicto.
El diputado panista Mauro Guerra Villarreal defendió la revisión propuesta y afirmó que corresponde precisamente a la Auditoría Superior fiscalizar el comportamiento de los organismos públicos.
Además, planteó retomar una legislación sobre gestión de residuos que, dijo, fue aprobada por la Legislatura anterior y posteriormente vetada por el Gobierno estatal.
Señaló que una nueva legislación podría permitir a los municipios separar y valorizar residuos para reducir la cantidad de basura que llega a Simeprode.
Aprobación y solicitud de comparecencia
Por su parte, el diputado priísta, Héctor Morales Rivera pidió agregar la comparecencia del titular de Simeprode para que explique ante el Congreso las razones por las que se habría restringido el acceso de los camiones.
Morales señaló que las unidades de Monterrey y Apodaca han formado filas en la carretera a Colombia para poder ingresar a las instalaciones de disposición final de residuos y advirtió sobre posibles consecuencias sanitarias si se prolonga la situación.
La propuesta de comparecencia fue respaldada por Lorena de la Garza, quien planteó que el titular de Simeprode sea llamado durante la Glosa, en el bloque correspondiente al organismo, para explicar las decisiones y proporcionar la información solicitada.
Al final del debate, el punto de acuerdo fue aprobado por el Pleno con 27 votos a favor y 9 en contra, sin abstenciones, por lo que se instruyó a la Auditoría Superior del Estado a realizar la revisión planteada sobre Simeprode y se acordó incorporar la solicitud de comparecencia de su titular durante la Glosa.
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