Monterrey, N.L.-
A fin de combatir los vacíos legales, las construcciones irregulares, el comercio informal y el deterioro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), la diputada local de Movimiento Ciudadano, Marisol González Elías, presentó cuatro iniciativas de reforma para fortalecer la coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios.
Lo anterior, tomando como referencia el modelo de administración del Parque Ecológico Chipinque y así ordenar espacios como el Parque Ecológico La Huasteca, dijo la legisladora emecista al presentar las iniciativas ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.
Señaló que, aunque con motivo del Mundial de Futbol 2026 se pavimentó el acceso al interior de La Huasteca, actualmente la zona enfrenta un escenario de desatención operativa debido a que las autoridades estatales y municipales argumentan que la responsabilidad corresponde exclusivamente al Gobierno Federal.
“Lo que estamos proponiendo nosotros en este paquete de cuatro reformas es, viendo el buen ejemplo de administración y manejo que hay en San Pedro en el Parque Chipinque, que también pertenece al Parque Nacional Cumbres, que entendamos que el Parque Nacional Cumbres tiene que ver casi con toda la Sierra Madre y ahí subzonas, la Huasteca es una subzona”, expresó.
González Elías afirmó que la escasez de personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), que cuenta con únicamente dos inspectores para vigilar el área, ha permitido la proliferación de construcciones ilegales, principalmente residencias de lujo en las inmediaciones de la Presa Rompepicos, donde presuntamente se introducen materiales de construcción durante las noches sin autorización.
Expuso que estas edificaciones terminan conectándose a la red de Agua y Drenaje, lo cual contribuyó a modificar el cauce del agua durante el paso de la tormenta “Alberto”, en 2024, provocando daños en la infraestructura hidráulica y dejando sin servicio a habitantes de Santa Catarina durante varios meses.
Asimismo, denunció presuntos actos de extorsión y cobros irregulares para permitir el ingreso de camiones con materiales de construcción, además del crecimiento del comercio informal y la acumulación de basura dentro del área protegida.
La representante legislativa del municipio de Santa Catarina, explicó que los municipios carecen actualmente de facultades legales para clausurar obras o regular directamente estas zonas por tratarse de territorio federal.
El paquete de reformas contempla modificaciones a cuatro ordenamientos legales; en el ámbito federal, propone reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para permitir que la Federación concesione la administración de subzonas de áreas naturales protegidas a estados y municipios, manteniendo la supervisión federal.
También plantea cambios a la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, para fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno e incorporar a organizaciones civiles en la administración de estos espacios mediante mecanismos transparentes de financiamiento.
Además, propone modificar la Ley de Gobierno Municipal para definir las responsabilidades de los ayuntamientos en materia de seguridad, protección civil, alumbrado, comercio y tránsito dentro de estas áreas.
Asimismo, busca reformar la Ley de Beneficencia Privada del Estado para permitir la creación de Asociaciones de Beneficencia Privada con fines ambientalistas, facilitando la integración de patronatos ciudadanos con participación empresarial y esquemas de recaudación transparentes, similares al modelo que opera en Chipinque.
