Monterrey, N.L.-
En el primer trimestre del 2016, las extorsiones en el Estado de Nuevo León subieron un 31.4 por ciento, con respecto al 2015.
Se propone condicionar la venta y/o activación de tarjetas sim, teléfonos celulares de prepago a la presentación de una identificación oficial.
Contempla aumentar las penas por extorsión y bloquear líneas celulares relacionadas con los delitos.
El Diputado Federal Tomas Montoya presentó hoy ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales con el objeto de inhibir las llamadas de extorsiones.
“En los últimos años hemos visto con preocupación cómo el delito de extorsión ha ido en aumento en todo el país, creemos que una de las razones es la falta de controles en la venta de celulares de prepago. Hoy en día cualquier persona puede comprar un chip en un crucero, estación de metro o tiendas de conveniencia sin que te pidan ningún documento o información que permita identificar al comprador de una línea telefónica, es decir, basta con solo adquirir un chip e instalarlo en un teléfono celular para hacer llamadas desde el anonimato, esto desde luego es un aliciente para que se pueda llevar a cabo el delito de extorsión telefónica y otras conductas ilícitas”.
El legislador aseguró que la Ley Federal de Telecomunicaciones ya contempla que las compañías telefónicas deberán conservar un registro de sus usuarios, sin embargo, esta disposición es fácilmente eludible cuando la línea telefónica es de prepago y no en un plan contratado, por ello es importante precisar en la ley que los compradores de líneas en esta modalidad deban proporcionar identificaciones oficiales para su venta y activación, evitando que los delincuentes asuman identidades falsas y cometan ilícitos desde el anonimato.
“Lo que pedimos es que en cualquier modalidad los concesionarios de telefonía celular a través de sus distribuidores y puntos de venta apliquen controles como la solicitud de identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio, y demás requisitos necesarios para identificar plenamente a la persona que tiene una línea telefónica, hay muchas formas de hacerlo, lo importante es que quede establecida esta obligación para las líneas de prepago ante la actual falta de medidas de seguridad que facilitan el delito de extorsión telefónica.”
Así mismo el también vicecoordinador del GPPRI señaló que la iniciativa contempla penas más duras y dota a las autoridades de herramientas para actuar en contra de esta actividad ilícita.
“De igual forma proponemos un agregado al Código Nacional de Procedimientos Penales y al Código Penal Federal para que el Ministerio Público pueda solicitar la suspensión inmediata del servicio de telefonía de los equipos y la identificación de los datos del usuario del teléfono celular desde el que se esté cometiendo el delito, así mismo, proponemos aumentar las penas hasta en una mitad más a quien cometa este delito vía telefónica, y de hasta el doble para el personal del sistema penitenciario que se vea involucrado en la comisión de este delito, ya que en ocasiones, esta conducta se lleva a cabo desde los penales con ayuda de custodios ”.
Por ultimo señaló que de aprobarse esta iniciativa será de gran importancia fomentar la denuncia ciudadana para poder contener este delito ya que solo así se ubicara a los responsable y se suspenderán las líneas de donde se comete esta actividad delictiva.
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