Monterrey, N.L.-
La diputada local de Movimiento Ciudadano, Marisol González Elías, presentó un paquete de reformas a cinco leyes para prevenir inundaciones y garantizar la reparación de daños al patrimonio de las familias.
Iniciativas legales contra inundaciones en NL
Al presentar sus propuestas ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, advirtió que si los gobiernos no invierten en drenajes, alcantarillas y obras pluviales, las colonias seguirán inundándose y la ciudadanía seguirá perdiendo sus pertenencias.
La legisladora explicó que esta problemática es recurrente en el municipio de Santa Catarina, donde colonias completas se inundan, las familias pierden muebles y sus casas se cuartean, pero aclaró que es la historia de muchas colonias en diferentes municipios del área metropolitana de Monterrey, por lo que se requiere una respuesta integral.
“Lo que estamos proponiendo es un paquete de reformas a cinco leyes, a la ley de responsabilidad patrimonial del Estado para que se indemnicen por daños atribuidos a las autoridades, que la autoridad indemnice cuando una alcantarilla no está en su uso correcto, cuando un pluvial no está desazolvado, cuando hay problemas en las avenidas, en las calles que están bloqueando el cauce del agua”, dijo.
González Elías detalló que el paquete contempla reformas a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a la Ley de Protección Civil, a la Ley de Agua Potable y Saneamiento, a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y a la Ley de Obras Públicas, para establecer responsabilidades claras y sanciones.
En materia de indemnización por daños atribuibles a autoridades, propuso reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial para que el Estado y los municipios indemnicen cuando una alcantarilla no funciona correctamente, un pluvial no está desazolvado o una obra bloquea el cauce del agua, como ocurre en Gonzalitos donde los vehículos quedan varados, o en colonias donde sube el nivel del agua por falta de limpieza.
Como segundo eje, planteó reformar la Ley de Protección Civil, para crear un programa con censo de familias, revisión y dictamen estructural de daños para recuperar viviendas que se vuelven inhabitables tras una inundación, aun cuando no haya una autoridad responsable directa, con prioridad a familias vulnerables y con la intervención de autoridades municipales y estatales como instancias competentes para validar la afectación.
Sanciones y adecuaciones en desarrollo urbano
La tercera iniciativa reforma la Ley de Agua Potable y Saneamiento para obligar a identificar públicamente quién es responsable de cada alcantarilla y de cada pluvial, llámese Agua y Drenaje o gobierno municipal, exigir un programa de mantenimiento preventivo antes de la temporada de lluvias y registrar trabajos y reportes ciudadanos.
En ese orden, hizo un llamado a que en el Presupuesto 2026 se asignen recursos considerables a Agua y Drenaje y a los municipios, porque son obras que no se ven pero son indispensables ante el crecimiento de la población.
En cuanto a desarrollo urbano, la diputada señaló que actualmente se están otorgando muchos permisos de construcción de edificios y vivienda residencial sin los estudios de impacto ambiental y vial completos, lo que cambia el cauce del agua y provoca que colonias que antes no se inundaban ahora sí lo hagan.
Ante esto, propuso también reformar la Ley de Asentamientos Humanos para que se compruebe que los desarrolladores ejecutan y mantienen las obras pluviales previstas, se verifique su funcionamiento antes de recibir los fraccionamientos y se ordenen correcciones y sanciones si incumplen.
Asimismo, impulsa una reforma a la Ley de Obras Públicas para exigir una revisión técnica cuando haya indicios fundados de que un puente, calle o canal mal ejecutado retiene o desvía agua y daña viviendas cercanas, obligando a publicar resultados, ordenar correcciones y hacer efectivas garantías y responsabilidades de los contratistas.
El sexto punto se enfoca en la responsabilidad de particulares que rellenan cañadas, tapan desagües o construyen naves industriales en zonas habitacionales sin permisos o sin permeabilidad, afectando a vecinos; la propuesta establece sanciones civiles como la reparación del daño y sanciones penales de 5 a 10 años de prisión por daño a propiedad ajena, siempre que se acredite con pruebas certeras que la negligencia del particular causó la inundación.
Para consultar más información sobre la labor legislativa y las propuestas de la bancada, se puede acceder al sitio del Congreso del Estado de Nuevo León (https://www.hcnl.gob.mx/).
