Monterrey, N.L.–
Diputados locales de Nuevo León manifestaron su preocupación y rechazo, ante el trasvase de agua desde la presa El Cuchillo hacia Estados Unidos, como parte del cumplimiento de la deuda hídrica establecida en acuerdos internacionales.
Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado y Javier Caballero Gaona, legislador local del PRI, por separado, consideraron que el Gobierno estatal no fue claro ni transparente con la ciudadanía sobre esta decisión.
El líder legislativo del PAN señaló que el problema no radica únicamente en el cumplimiento del tratado, sino en la falta de información por parte del gobernador Samuel García hacia los nuevoleoneses.
Afirmó que el mandatario ha sido “sumiso” y que evitó explicar con claridad cuál será la estrategia para prevenir una nueva crisis hídrica en la entidad.
Indicó que el trasvase representaría entre el 15 y 16 por ciento del volumen actual de la presa El Cuchillo, y aunque reconoció que actualmente las presas del estado mantienen niveles adecuados de almacenamiento, se desconoce el impacto que esta medida podría tener en el mediano y largo plazo, especialmente ante la incertidumbre en los pronósticos de lluvias.
De la Fuente Flores también alertó sobre el precedente que se genera, al considerar que cada vez que México deba cumplir con compromisos de agua con Estados Unidos, se podría recurrir nuevamente a la presa El Cuchillo.
Recordó que, históricamente, esta infraestructura fue autorizada bajo acuerdos antiguos que ya no corresponden al crecimiento poblacional y a las necesidades actuales de Nuevo León, por lo que insistió en la urgencia de actualizar dichos convenios y priorizar el uso humano del agua.
Por su parte, el diputado local del PRI, Javier Caballero Gaona, criticó que el acuerdo se haya negociado “en lo oscurito” y contradiga el discurso que el gobernador mantuvo durante su campaña y en semanas recientes, en el que aseguraba que defendería el agua del estado.
Señaló que resulta preocupante enterarse de estas decisiones una vez que el trasvase ya está en marcha, pues consideró que se perjudica directamente a la población.
Caballero Gaona afirmó que este hecho evidencia una incongruencia entre el discurso y los hechos del Ejecutivo estatal, al considerar que éste firmó el convenio para cumplir compromisos federales sin informar previamente a la ciudadanía.
Asimismo, coincidió en que el trasvase sienta un precedente negativo, al incorporar de facto a Nuevo León en el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, pese a que originalmente la entidad no estaba contemplada para este fin.
Ambos legisladores coincidieron en que el uso del agua debe priorizar el consumo humano en la zona metropolitana de Monterrey y llamaron a que se revisen y actualicen los acuerdos vigentes, además de exigir claridad sobre proyectos alternativos, como el retorno de aguas tratadas, y su financiamiento, para evitar afectar el abasto de agua en el estado en el futuro.
