Monterrey, N.L.-
A efecto de eliminar desigualdades en los procesos de regularización de viviendas ubicadas en zonas populares y garantizar certeza jurídica a miles de familias, la diputada local, Marisol González Elías, presentó una iniciativa de reformas legislativas.
Tras acudir a la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León, la legisladora de Movimiento Ciudadano señaló que actualmente existe una disparidad en la aplicación de criterios técnicos y legales en la materia.
Explicó que mientras grandes desarrolladores obtienen permisos para construir complejos habitacionales de lujo en zonas montañosas, habitantes de colonias populares asentadas desde hace décadas enfrentan negativas para escriturar sus viviendas bajo el argumento de encontrarse en “zonas de riesgo”.
Como ejemplo, mencionó desarrollos como Vía Cordillera y Torre Isabella, contrastándolos con asentamientos en sectores como Las Mitras, La Campana y Topo Chico, donde las familias no han podido regularizar sus propiedades.
“Hoy parece que si tienes dinero o perteneces a una constructora sí puedes regularizar para construir vivienda cara, pero a la gente que tiene 40 años viviendo en zonas populares le dicen que no se puede, es el mismo cerro y la misma altura, pero el trato es distinto”, expresó la diputada de Movimiento Ciudadano.
La propuesta contempla reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como a la Ley de Gobierno Municipal.
La iniciativa de González Elías establece que, si se autorizan desarrollos inmobiliarios en determinadas condiciones geológicas, no podrá negarse la regularización a colonias vecinas con características similares.
La reforma también busca reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que propone modificar el artículo 33 de la Ley de Gobierno Municipal y obligar a los ayuntamientos a publicar un Registro Municipal de Autorizaciones, Negativas y Dictámenes en Zonas de Riesgo, actualizado de manera anual.
Con esta medida, cualquier ciudadano podrá consultar las razones técnicas y legales por las cuales se autorizan o rechazan proyectos habitacionales, con el propósito de combatir actos de corrupción y discrecionalidad, apuntó.
González Elías aclaró que la iniciativa no pretende incentivar construcciones en zonas peligrosas, sino impedir que el concepto de riesgo sea utilizado de manera arbitraria para negar derechos a las familias.
“La ley debe proteger a los ciudadanos tanto de los desastres naturales como de la arbitrariedad de las autoridades. El derecho a una vivienda digna y a la certeza jurídica de una escritura no debe depender del dinero que tengas”, puntualizó.
