Monterrey, N.L.- Con el objetivo de ampliar la protección a maestros y demás personal de los planteles educativos, la diputada, Perla Villarreal Valdez, propuso una iniciativa de reforma integral a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar.
Al acudir ante la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León, la presidenta de la Comisión de Educación señaló que, aunque la legislación contempla mecanismos para proteger a los estudiantes, es necesario establecer con mayor claridad qué deben hacer las autoridades cuando un docente o integrante del personal escolar es víctima de amenazas, agresiones o violencia.
“¿Quién protege a nuestros maestros?”, cuestionó la legisladora, al señalar que también el personal educativo se encuentra vulnerable ante situaciones de violencia dentro de los planteles.
La propuesta contempla modificaciones a más de 70 artículos y plantea siete ejes principales; entre ellos, que la protección alcance a docentes, directivos, administrativos, intendentes y personal de apoyo, independientemente del tipo de contratación, desde preescolar hasta preparatoria, respetando la autonomía de las universidades.
Uno de los puntos centrales establece que, cuando una escuela tenga conocimiento de una agresión contra un integrante del personal, deberá valorar en un plazo máximo de 24 horas si existe riesgo para la persona afectada.
Iniciativa de Perla Villarreal en el Congreso
Si los hechos pudieran constituir un delito, se deberá dar aviso inmediato a las autoridades correspondientes, sin esperar a que concluya un procedimiento interno.
La iniciativa también contempla medidas como evitar el contacto entre la víctima y el presunto agresor, garantizar condiciones seguras de entrada y salida del plantel, preservar evidencias y solicitar apoyo de Seguridad Pública, además de canalizar al docente a atención médica, psicológica y jurídica.
Villarreal Valdez planteó además que, cuando el director del plantel sea quien esté involucrado en los hechos o no atienda una denuncia, el maestro pueda acudir directamente ante una autoridad superior o la Secretaría de Educación; en esos casos, el director no participaría en la investigación.
Otro de los objetivos es evitar represalias contra quienes denuncien, toda vez que la propuesta establece que una eventual reubicación del trabajador por razones de seguridad no podrá utilizarse como castigo ni implicar una reducción salarial, pérdida de prestaciones o afectación a su antigüedad.
La legisladora subrayó que la reforma también incluye los derechos de los maestros que sean señalados por alguna conducta, pues una denuncia no será considerada como prueba de culpabilidad y deberán garantizarse la presunción de inocencia, confidencialidad y derecho de defensa.
De acuerdo con Villarreal Valdez, la iniciativa busca también generar información específica sobre agresiones contra personal escolar, además de impulsar capacitación para docentes y talleres dirigidos a padres de familia sobre el respeto al personal educativo.
La diputada sostuvo que las nuevas disposiciones no pretenden colocar a maestros y alumnos en posiciones enfrentadas.
En caso de que el señalado sea un estudiante, deberán respetarse su edad, el interés superior de la niñez, su derecho a la educación y el debido proceso.
“Esto es un balance, tiene que haber protección para ambos lados”, afirmó.
Medidas y estadísticas sobre violencia escolar
Villarreal Valdez indicó que la propuesta surgió a partir de inquietudes planteadas por docentes y de la necesidad de establecer un protocolo claro de actuación.
Señaló que no existe actualmente un censo estatal sobre maestros que hayan requerido protección, pero mencionó como referencia que, según las estadísticas que presentó, cuatro de cada 10 maestros en México han sufrido algún tipo de agresión en la escuela.
También destacó el problema de la violencia digital. Citó un estudio de la UNAM, según el cual 14.6 por ciento de los docentes encuestados ha sufrido violencia digital por parte de alumnos, situación que, dijo, evidencia la necesidad de contemplar el ciberacoso dentro de las medidas de protección.
La presidenta de la Comisión de Educación explicó que la atención inicial correspondería a la Secretaría de Educación y posteriormente, dependiendo de la gravedad, podrían intervenir Seguridad Pública, el Ministerio Público o un juez.
Para ello, propuso que dentro de la dependencia exista un área especializada que dé seguimiento inmediato a estos casos.
Sobre el impacto presupuestal, señaló que se buscaría aprovechar la estructura jurídica existente en la Secretaría de Educación y establecer el mecanismo de protección sin generar, en la medida de lo posible, una carga presupuestal significativa.
Por otra parte, Villarreal también se refirió a la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León por el caso de una alumna del Colegio Militarizado General Mariano Escobedo.
Consideró necesario revisar la actuación de las autoridades escolares y llamó a la Secretaría de Educación a investigar los protocolos aplicados ante denuncias de violencia y hostigamiento.
“Estas cosas no pueden seguir sucediendo, no podemos violentar los derechos de los alumnos”, expresó.
Para más información, consulta el Portal Oficial del Congreso del Estado de Nuevo León
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