Monterrey, N.L.-
A fin de eliminar prácticas discriminatorias en el ingreso a la Fuerza Civil y a la Fuerza Penitenciaria, a personas con tatuajes, de baja estatura o con perforaciones, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Seguridad Pública de Nuevo León.
Durante la sesión ordinaria, Bertha Alicia Garza Galindo, presentó al pleno el dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, para eliminar las barreras de ingreso a las instituciones policiales basadas en la apariencia física, con el respaldo unánime de 38 votos a favor.
La iniciativa, impulsada originalmente por la diputada federal Iraís Reyes y modificada por la legisladora local, Sandra Pámanes, busca armonizar la legislación estatal con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el libre desarrollo de la personalidad y la no discriminación.
Las reformas legales en la materia son por adición al artículo 29 BIS a la Ley de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil y se reforma la fracción V del artículo 198 Bis 5 de la Ley de Seguridad Pública del Estado.
De esta forma, no se podrá negar el ingreso, permanencia o promoción en la carrera policial por el solo hecho de portar tatuajes o perforaciones.
La única restricción válida para ingresare a una corporación policiaca estatal, será cuando los tatuajes contengan símbolos que representen discursos de odio.
Se eliminan también requisitos de estatura, por lo que no será un impedimento para acceder a la profesionalización policial.
La Comisión determinó que prohibir tatuajes visibles vulnera diversos derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, como el derecho de cada individuo a elegir su apariencia personal como parte de su proyecto de vida.
Dentro del dictamen aprobado, se establece que los tatuajes son considerados una forma de comunicación e individualidad protegida constitucionalmente.
Además, en pro del derecho al trabajo, no se puede condicionar el acceso al empleo por la apariencia física, siempre que esta no interfiera con la función laboral.
Una vez aprobado y publicado el decreto en el Periódico Oficial del Estado, el Ejecutivo Estatal y los 51 municipios de Nuevo León tendrán un plazo de 60 días para ajustar sus reglamentos internos a estas nuevas disposiciones.
