Monterrey, NL.-
Una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por el asentamiento en un Área Natural Protegida, es la acción que llevará a cabo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), declaró el delegado de la institución en Nuevo León, Víctor Jaime Cabrera Medrano.
Lo anterior, luego de que esta mañana se dieran cita en el cauce del río San Pablo, en el municipio de Santa Catarina, para inspeccionar alrededor de 170 terrenos irregulares.
“Estamos de acuerdo en presentar una denuncia penal de manera conjunta ante la Procuraduría Federal de la República, la idea es que esto se regrese al estado de derecho, pues además de ser un peligro para las personas hay un impacto negativo para el medio ambiente”, indicó Cabrera Medrano.
La acción se deriva después de una denuncia que se hizo pública el pasado domingo a través de un medio local.
La diligencia fue en colaboración con la Comisión Nacional del Agua y el ayuntamiento de Santa Catarina representado por el alcalde Héctor Castillo, quien sólo hizo presencia para respaldar las labores de las instituciones federales, pues el municipio no tiene facultad para actuar al respecto.
Durante la inspección que podría prolongarse hasta el día de mañana se levantarán medidas y coordenadas para determinar el área afectada, explicó el inspector de Recursos Naturales de la Profepa, Carlos Cienfuegos.
Aunque al principio se habló de 300 familias que habrían adquirido un terreno de manera irregular, al parecer con una lideresa del municipio, inspectores del ayuntamiento aclararon que sólo son 170 viviendas, muchas de ellas utilizadas como lugar de recreo para pasar el fin de semana.
El asentamiento se encuentra en una isla formada por la corriente del arroyo, por lo que representa un peligro para quienes habitan en esa zona y para las comunidades que están a la entrada de la Huasteca, por posibles desbordamientos en caso de un huracán.
Luego de la inspección las autoridades tendrán que esperar por cinco días hábiles -como reglamentación- para posteriormente interponer la denuncia y definir las acciones a emprender en contra de los ‘propietarios’ de los predios y quien o quienes vendieron en esa área.