Monterrey, N.L.-
A fin de sancionar penalmente a quienes utilicen redes sociales, plataformas digitales o sistemas informáticos para hacerse pasar por otras personas y cometer fraudes o engaños, la diputada local de Morena, Anylú Bendición Hernández Sepúlveda, propuso reformar el Código Penal de Nuevo León.
La legisladora explicó que, aunque actualmente este delito ya está contemplado en la legislación estatal con penas que van de tres a ocho años de prisión, el marco legal vigente no considera las modalidades digitales que han proliferado con el uso de las tecnologías de la información.
Hernández Sepúlveda señaló que los delincuentes suelen apropiarse de nombres, fotografías y datos personales para crear perfiles falsos en redes sociales o aplicaciones de mensajería, desde donde realizan estafas, organizan sorteos fraudulentos o solicitan dinero a nombre de terceros.
“Actualmente la denuncia se queda nada más virtualmente, no hay una consecuencia penal y eso es lo que estamos pidiendo”, explicó la diputada, al presentar su iniciativa ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.
Indicó que la incidencia de este delito ha aumentado en los últimos años, al pasar de 803 carpetas de investigación registradas en 2017 a mil 100 personas afectadas durante 2025.
La propuesta contempla modificaciones al artículo 444 del Código Penal estatal para reconocer expresamente la suplantación de identidad realizada mediante tecnologías de la información, sistemas informáticos o redes digitales con el fin de obtener, modificar o transferir datos personales sin autorización.
Asimismo, plantea incrementar hasta en una mitad las sanciones cuando el delito se cometa utilizando documentos, firmas digitales o certificados electrónicos sin consentimiento de la persona afectada.
La iniciativa también establece agravantes para profesionales con conocimientos técnicos en informática y para servidores públicos que aprovechen su cargo o experiencia para cometer este ilícito.
En estos casos, expuso la promovente, además del aumento de la pena, se contempla la suspensión o inhabilitación para ejercer funciones o actividades profesionales.
