Monterrey, N.L.-
Ante el incremento de amenazas digitales, retos virales y antecedentes de violencia en planteles educativos, la diputada local Marisol González Elías, de Movimiento Ciudadano, propuso reformas tendientes a reforzar los protocolos de seguridad en escuelas
Lo anterior, mediante un paquete de tres iniciativas de reforma para dotar a las escuelas de herramientas jurídicas que les permitan actuar ante riesgos graves sin vulnerar los derechos humanos, dijo al presentar sus iniciativas en tribuna del Congreso del Estado.
González Elías subrayó que las propuestas no buscan “sembrar miedo”, sino evitar la parálisis institucional que ocurre cuando autoridades escolares, por falta de protocolos claros o temor a sanciones legales, optan por suspender clases ante cualquier amenaza.
El primer planteamiento consiste en la creación de un Protocolo de Intervención y Revisión Preventiva mediante reformas a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar.
Esta medida, dijo, permitiría la revisión extraordinaria de pertenencias de estudiantes cuando exista una “sospecha razonable” o una amenaza verosímil, como en el caso de retos virales relacionados con tiroteos.
La diputada emecista aclaró que no se trata de operativos generalizados tipo “Mochila Segura”, sino de acciones excepcionales, proporcionales y documentadas, en apego a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la privacidad de menores.
La segunda iniciativa propone modificar la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para incluir una línea específica enfocada en la prevención de violencia escolar de alto impacto.
Con ello, expuso, se busca que el Estado realice diagnósticos, capacite al personal docente y habilite canales confidenciales de denuncia que permitan detectar factores de riesgo, como aislamiento, acoso o amenazas en redes sociales, antes de que escalen.
En tercer lugar, la legisladora planteó reformas al Código Penal del Estado para sancionar la omisión grave de cuidado por parte de adultos responsables.
La propuesta contempla castigos para quienes permitan o faciliten el acceso de menores a armas, explosivos o sustancias peligrosas que puedan ser llevadas al entorno escolar.
Asimismo, incluye la atención psicológica obligatoria para los menores involucrados, con énfasis en la reconstrucción de su entorno familiar y emocional.
“Nuevo León es la entidad con más incidentes registrados con armas en escuelas desde el año 2000, no estamos hablando de mochilas, estamos hablando de vidas y de escuelas que puedan reaccionar antes de que sea demasiado tarde”, puntualizó González Elías.
Por último, la diputada recordó casos como el del Colegio Americano del Noreste en 2017, así como un ataque reciente en una preparatoria de Michoacán en marzo de 2026, y urgió al Congreso a legislar con “sentido común” para prevenir nuevas tragedias.
Tras su presentación, la Mesa Directiva turnó las iniciativas a las comisiones de Justicia y Seguridad Pública, así como a la de Educación, Cultura y Deporte, donde serán analizadas para su eventual aprobación.
