Monterrey, N.L.-
Con vistas a impedir que personas con antecedentes de violencia accedan a cargos públicos, la diputada local y coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes Ortiz, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado de Nuevo León que incorpora el principio del “8 de 8 contra la violencia”.
La legisladora señaló que esta figura, impulsada por el Instituto Nacional Electoral (INE), establece criterios para que las candidaturas sean ocupadas sólo por personas libres de antecedentes relacionados con violencia de género o delitos graves.
“Presento iniciativa de reforma a la Ley Electoral para incluir lo que llamamos ‘la 8 de 8’”, indicó Pámanes Ortiz, al acudir ante la Oficialía de Partes del poder legislativo.
“Estos lineamientos, que el INE puso en práctica dentro del proceso de elección del Poder Judicial, nosotros estamos proponiendo que se establezcan dentro de nuestra Ley Electoral”, dijo.
La propuesta modifica los artículos 1, 22, 37, 88, 97, 106, 143 Bis, 143 Bis 1, 144 y 277 de la Ley Electoral local, siendo el artículo 144 el que precisará los requisitos que deberán cumplir todas las candidaturas para acreditar la “8 de 8”, explicó.
“La reforma busca establecer los ocho puntos que van encaminados a evitar que personas que hayan ejercido algún tipo de violencia o algún delito relacionado con esto puedan llegar a ser candidatos a un puesto de elección”, abundó la diputada emecista.
Así, los ocho supuestos de violencia que se verificarán son: delitos contra la vida y la integridad corporal; delitos contra la libertad y seguridad sexuales; delitos contra el normal desarrollo psicosexual.
Además las violencias familiar, doméstica, a la intimidad sexual, política contra las mujeres en razón de género y ser persona deudora alimentaria morosa.
Pámanes Ortiz destacó que esta reforma busca prevenir la violencia política de género y promover estándares éticos y de respeto a los derechos humanos en quienes aspiran a cargos públicos.
“Nos adelantamos un poco sobre esto porque, aunque fueron lineamientos del INE en la pasada elección del Poder Judicial, el propio Instituto ha pedido que los estados puedan establecerlos dentro de su legislación electoral”, apuntó.
Asimismo, la iniciativa contempla que las autoridades electorales actúen con perspectiva de género, y que los partidos políticos y el Instituto Estatal Electoral estén obligados a prevenir y atender la violencia política contra las mujeres.
Además, prevé promover convenios de educación cívica, paridad de género y respeto a los derechos humanos, así como capacitar a personal y funcionarios de casilla en materia de igualdad sustantiva y atención a la violencia política.
La diputada emecista subrayó que con esta reforma se busca que para el proceso electoral de 2027 los lineamientos ya estén vigentes.
“Consideramos que es necesario que ya estén estipulados en nuestra Ley Electoral para que en el siguiente proceso electoral existan y se evite que cualquier persona dentro de esta situación pueda ser registrada por algún partido político”, puntualizó.
