Monterrey, N.L.—
Ante el incremento de denuncias relacionadas con empresas no reguladas que reciben enganches y mensualidades sin entregar los vehículos comprometidos, la diputada local del PRI, Gabriela Govea López, presentó una iniciativa para tipificar el delito de fraude automotriz en Nuevo León.
Durante sesión ordinaria, la legisladora presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, la iniciativa que plantea reformas al Código Penal de Nuevo León y a la Ley de Protección a los Consumidores del Estado.
Lo anterior, con el objetivo de cerrar espacios de impunidad y fortalecer la protección de las familias que adquieren un vehículo mediante esquemas de financiamiento, dijo la promovente.
En ese orden, propuso adicionar el artículo 391 Bis al Código Penal estatal para establecer formalmente el delito de fraude automotriz.
La conducta se configuraría cuando, sin autorización legal, una persona física o moral ofrezca vehículos o financiamientos, reciba anticipos o mensualidades y no entregue el automóvil en el plazo pactado, sin una causa justificada.
Penas y agravantes en la iniciativa que proponen en NL
De aprobarse la reforma, quienes incurran en este delito podrían enfrentar penas de 4 a 12 años de prisión, además de una multa de entre 1,000 y 10,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Govea López planteó también agravantes que permitirían incrementar las penas hasta en una mitad cuando los responsables utilicen oficinas simuladas, recurran a publicidad digital masiva para promocionar créditos, realicen estas conductas de manera sistemática o amenacen y ejerzan coerción contra las personas que presenten denuncias.
En materia de protección al consumidor, la iniciativa contempla adicionar los artículos 45 Bis y 45 Bis 1 para establecer mayores controles administrativos y financieros a las personas físicas y morales dedicadas a la venta y financiamiento de vehículos.
Entre las medidas propuestas se encuentra la obligación de contar con un registro vigente ante la autoridad financiera competente; la falta de dicho registro, de acuerdo con la iniciativa, podría presumir la existencia de prácticas engañosas.
Protección al consumidor y regulación de financiamientos
Asimismo, se plantea prohibir expresamente la oferta de créditos automotrices que no cuenten con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) o de la autoridad correspondiente, además de considerar como práctica abusiva la simulación de convenios con agencias o plataformas de venta.
Durante su intervención en tribuna, la diputada priista señaló que algunas de estas empresas operan mediante razones sociales efímeras y contratos sin validez jurídica, con los que captan recursos de los consumidores para posteriormente desaparecer.
“La ausencia de regulación específica y la falta de controles administrativos eficaces han permitido que estas empresas operen con impunidad y movilidad”, sostuvo Govea López, al advertir que estas prácticas afectan la confianza de la ciudadanía en el mercado automotriz y vulneran los derechos de los consumidores.
La iniciativa, respaldada por integrantes del grupo legislativo del PRI en el Congreso de Nuevo León, fue turnada a comisiones para su estudio y dictamen.
Para conocer más detalles sobre la labor legislativa del estado, visite el sitio oficial del Congreso del Estado de Nuevo León.
