Monterrey, N.L.-
A fin de reconocer el derecho a pensión o retiro a personas trabajadoras con discapacidad que cotizan ante el IMSS, pero que actualmente no cuentan con un esquema que contemple sus condiciones de vida, la diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Seguro Social.
Al presentar su propuesta ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, acompañada de activistas locales, la legisladora explicó que esto surge tras reunirse con madres y padres de personas con discapacidad en edad laboral, quienes, pese a cumplir con jornadas de trabajo formales, horas cotizadas y obligaciones fiscales, no tienen garantizado un retiro digno.
“La inclusión laboral ha avanzado, pero el legislador olvidó cerrar el círculo: si trabajas de manera honrada y digna, tienes derecho a una pensión”, señaló Serrato Flores.
La iniciativa plantea crear un capítulo específico en la ley denominado “Derecho de las personas trabajadoras con discapacidad a contar con una pensión o retiro”, el cual permitiría acceder a una pensión proporcional a las semanas cotizadas o establecer un retiro anticipado, a partir de los 45 años.
Lo anterior, indicó la promovente, considerando que su esperanza de vida puede ser menor a la de la población en general.
María del Carmen Moreno Díaz, madre de una joven con síndrome de Down, expuso que su hija lleva nueve años trabajando de manera formal, pero que la legislación actual la obliga a esperar hasta los 65 años para jubilarse.
“Nuestros chicos no llegan a esa edad, es muy triste que si fallecen a los 50 años, después de 10 ó 12 años de trabajo, no tengan derecho a gozar ese beneficio”, expresó.
Padres y organizaciones civiles coincidieron en que, aunque las empresas socialmente responsables han mostrado empatía e inclusión, la falta de un marco legal impide otorgar una pensión anticipada o recuperar el fondo de ahorro en caso de fallecimiento.
Serrato Flores indicó que la reforma es de alcance federal y será turnada a la comisión correspondiente para su análisis y adelantó que buscará respaldo en el Congreso de la Unión para agilizar su aprobación.
“Se trata de proteger derechos laborales que hoy están desatendidos y asegurar una inclusión plena”, afirmó.
Representantes del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, asociación civil que acompañó a las familias, subrayaron que la iniciativa atiende una necesidad largamente ignorada y confían en que avance con celeridad en el proceso legislativo.
