Monterrey, N.L.-
A fin de combatir los fraudes inmobiliarios, las invasiones de propiedades y los conflictos derivados de rentas o préstamos de vivienda en Nuevo León, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Marisol González Elías, propuso un paquete de reformas legislativas.
Tras entregar por escrito sus propuestas ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, la legisladora subrayó la urgencia de fortalecer el marco legal para proteger el patrimonio de la ciudadanía, ante una problemática recurrente que representa hasta el 50 por ciento de las atenciones diarias que brinda en su oficina de gestión social.
Entre las situaciones denunciadas con mayor frecuencia, González Elías destacó los casos de personas que prestan o rentan un inmueble y posteriormente enfrentan serias dificultades para recuperar la posesión, así como de compradores engañados mediante supuestos esquemas de remate inmobiliario a precios accesibles.
Aumento de sanciones ante la problemática de fraudes inmobiliarios
La primera iniciativa propone modificar el Código Penal del Estado adicionando el artículo 385 Bis y reformando el artículo 386, a fin de incrementar en una mitad las penas de prisión y multa cuando el delito de fraude se efectúe mediante la enajenación, promesa de venta, arrendamiento o cesión de derechos sobre bienes inmuebles.
González Elías advirtió que la medida busca frenar a empresas y particulares que comercializan viviendas bajo el concepto de “recuperación bancaria” sin contar con los derechos sobre las mismas, aclarando que el aumento de sanciones requerirá la plena acreditación del delito, para evitar penalizar simples incumplimientos contractuales de carácter civil.
En este orden, hizo un llamado a la población a verificar la situación legal de las propiedades antes de entregar dinero, lamentando que existan víctimas que realizan pagos continuos hasta que los presuntos vendedores desaparecen y dejan de responder llamadas.
Eficiencia registral y protección patrimonial contra los fraudes inmobiliarios
Como segunda propuesta, la diputada planteó reformar la Ley del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León para fijar un plazo máximo de tres días hábiles en la atención a requerimientos judiciales y Ministeriales sobre antecedentes inmobiliarios, con opción a una prórroga justificada de tres días adicionales ante archivos no digitalizados.
Respecto a este punto, la legisladora argumentó que los retrasos en la entrega de documentación registral prolongan innecesariamente los juicios penal y civil, derivando en un impacto económico directo para las víctimas debido al incremento en el pago de honorarios de abogados.
La tercera iniciativa exhorta al Congreso de la Unión a modificar el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciendo un procedimiento claro para que las víctimas soliciten la restitución provisional de sus inmuebles desde la etapa de investigación inicial, previa resolución judicial dictada en un plazo de 10 días.
González Elías precisó que en caso de concederse la restitución, el juez otorgaría un máximo de cinco días para su ejecución, garantizando que el proceso respete los derechos de terceros y exija al legítimo propietario acreditar la titularidad de la vivienda mediante las escrituras correspondientes.
La emecista señaló que el objetivo central es brindar certeza jurídica y evitar que los afectados recurran a la justicia por mano propia, señalando que, aunque solicitará cifras oficiales, esta problemática abarca cerca de la mitad de las consultas que recibe diariamente en su Casa Ciudadana.
Para más información, consulta el Portal Oficial del Congreso del Estado de Nuevo León.
