Monterrey, N.L.-
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer la reforma legislativa que transfiere la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de la Tesorería estatal a la Fiscalía General del Estado en Nuevo León.
Con ello los magistrados resolvieron en contra de la controversia impulsada por el gobernador Samuel García en 2022, poniendo fin a años de litigios entre el Ejecutivo y el Congreso local.
Por mayoría, los ministros declararon legales las modificaciones al marco normativo estatal, confirmando que el Congreso local tiene atribuciones para crear una Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, ya que la pesquisa de lavado de dinero no es exclusiva del Poder Ejecutivo ni de la Tesorería.
Sin embargo, invalidaron la facultad de la UIFE para congelar cuentas o asegurar bienes, pues tales medidas pertenecen al procedimiento penal federal, regulado por el Congreso de la Unión.
El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García subrayó que el proceso legislativo de 2022 fue válido, pese a cuestionamientos sobre sesiones y presupuesto.
Samuel García impugnó la reforma al asumir el gobierno, argumentando invasión a sus facultades, lo que generó un veto inicial y batallas judiciales prolongadas.
Con este aval, la UIFE se integrará formalmente a la Fiscalía, aunque sin poderes de congelamiento, lo que podría limitar su operatividad en casos de ilícitos fiscales y operaciones con recursos ilícitos.
