Reynosa, Tam.-
Luego de que las intervenciones realizadas por centros de rehabilitación cobraran más relevancia en Reynosa, tras la visita de Jesús Ignacio Osuna “El Chiquilín”, fundador de la conocida Patrulla Espiritual, especialistas en el ámbito jurídico han planteado interrogantes sobre la legalidad de estas prácticas.
El debate se centra en los casos en que personas con problemas de adicción son trasladadas de manera involuntaria a anexos, particularmente cuando estas intervenciones son difundidas ampliamente en redes sociales y acumulan miles de reacciones.
Al respecto, el abogado local Juan Uriza explicó que, aunque estas agrupaciones puedan tener como finalidad brindar ayuda a personas con adicciones, eso no les otorga facultades para restringir la libertad de un ciudadano ni trasladarlo a otro sitio en contra de su voluntad.
El abogado señaló que el punto de partida para analizar estas prácticas debe ser el respeto a los derechos humanos.
“Todas las personas gozamos de derechos fundamentales y ningún particular puede estar por encima de ellos. Entiendo que la intención de estas asociaciones es rehabilitar a personas con adicciones, pero muchas veces las buenas intenciones solamente quedan en eso y, en ocasiones, terminan transgrediendo la ley y los derechos de las personas”, expresó.
Uno de los argumentos más utilizados por algunos centros de rehabilitación es que el traslado se realiza a petición de familiares; sin embargo, Uriza advirtió que esa autorización, por sí sola, no legitima el procedimiento.
“La voluntad de una persona mayor de edad no puede ser sustituida por la decisión de un familiar. Nadie puede autorizar la privación de la libertad de otra persona únicamente por ser su padre, madre, hijo o hermano”, explicó.
Agregó que únicamente cuando exista una condición médica o mental que impida a la persona tomar decisiones sobre sí misma, la legislación contempla procedimientos específicos para acreditar esa incapacidad.
El abogado también consideró indispensable verificar que los centros de rehabilitación operen conforme a la ley y cuenten con las condiciones necesarias para brindar atención especializada.
Según señaló, los aspectos que deberían ser supervisados por las autoridades son la constitución legal de estas asociaciones, el origen de sus recursos, las condiciones de higiene de las instalaciones y la existencia de personal capacitado, como médicos, psiquiatras y psicólogos.
