Reynosa, Tam.-
El gobernador de Tamaulipas apareció pública y virtualmente en el juicio de procedencia en la Cámara de Diputados en el que se le imputó una serie de delitos, entre los que destacan la creación de empresas fantasma, transferencias millonarias y lavado de dinero para beneficiarse personalmente, así como varios miembros de su familia.
Francisco García Cabeza de Vaca estuvo conectado de manera remota a la reunión transmitida este viernes al mediodía por la Sección Instructora del Canal del Congreso para llevar a cabo el procedimiento público (dentro del expediente SI/LVIV/DP/02/2021) iniciado en su contra.
Las diligencias fueron dirigidas por el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez y también participaron el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda; legisladores integrantes de la misma sección, la defensa del señalado, Adolfo Aguilar Zínser y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De principio a García Cabeza de Vaca se le señaló estar vinculado a operaciones financieras que no son acordes a sus declaraciones patrimoniales.
En la directa, que tuvo una duración total de una hora con 31 minutos y 15 minutos de receso, se abordó que el inculpado realizó actividades ilícitas especialmente desde el ejercicio fiscal del año 2019 y que fueron arrojadas por un algoritmo matemático que activó los controles financieros de la agencia dependiente de la Federación.
Previamente el defensor hizo la petición para que dicha sesión no se hiciera pública, argumentando que se consumaría una violación a los derechos humanos de carácter irreparable; no obstante, la Sección Instructora expresó que por tratarse de un asunto de corrupción que involucra a un funcionario público dicha petición no era procedente.
COMPARECENCIAS
Durante su comparencia como testigo del caso, el titular del organismo de inteligencia de la SHCP refirió que no tiene facultades acusatorias, sino que es el Ministerio Público quien le ha solicitado la información relacionada con el actuar del gobernador tamaulipeco, el cual ahora obra en poder de la Fiscalía General de la República, siendo esta última la que integró el expediente.
Se estableció que como el acusado no repuso en su momento ante las autoridades tributarias los montos evasivos ni presentó las declaratorias correspondientes antes de que fuera descubierto, conforme está contenido en el artículo 109, fracción primera, constitucionalmente el proceso pasó a tener un objeto penal y no puede zanjarse por medio de una liquidación económica. Esto quiere decir que automáticamente se conviertió en un delito, ya que su abogado preguntó si se podía remediar con dinero la situación que transitó de financiera a jurídica.
Aunque no se dijo abiertamente el monto total que el actual mandatario tamaulpeco habría defraudado, se calcula que asciende a los 900 millones de pesos, entre los cuales se incluye la compraventa de propiedades, vehículos, el amaño de licitaciones públicas, transferencias que no fueron reportadas y la constitución de empresas de carácter “fantasma”.
“Me gustaría hacer una presentación de los elementos que integraron la denuncia. El artículo 45 fracción primera de la Ley Orgánica establece la facultad y es importante señalar que la normatividad constitucional establecen que este procedimiento no puede ponerse el carácter de reservado cuando estamos ante actos de corrupción.
“La UIF tiene facultad de proporcionar información a las autoridades nacionales y extranjeras. En mi carácter de testigo solamente puedo describir cuál es el procedimiento”, declaró Nieto, mientras el gobernador escuchaba desde un despacho y se le observaba inquieto.
El funcionario hacendario hizo referencia a que tienen a su alcance los elementos para comprobar que García Cabeza de Vaca participó en conductas de delincuencia y lavado de dinero, de las cuales hizo una exposición pormenorizada.
Posteriormente se le cedió la palabra al abogado defensor, quien solicitó un paréntesis de 15 minutos, los cuales le fueron otorgados. Una vez reanudada la sesión Aguilar Zínser emitió una serie de cuestionamientos ante el titular de UIF para conocer cuáles fueron sus fuentes de información.
No obstante, los representantes de la Fiscalía General de la República lo objetaron y por su parte, Nieto Castillo expresó que será competencia de la FGR el desahogo de todas las pruebas que se contienen en el expediente, marcando así el inicio del proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas.
