Cd. Victoria, Tam.-
Diez personas, entre ministerios públicos y policías adscritos, están siendo investigados por la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas, por presuntas irregularidades en su desempeño.
La Fiscalía Especializada en Asuntos Internos (FEAI) de Tamaulipas publicó en el Diario Oficial del Estado, que dicha investigación es resultado de que por sus acciones y omisiones afectaron indagatorias en materia de secuestro y desaparición forzada, entre otros delitos.
Por lo anterior, se abrieron 21 procedimientos administrativos contra seis fiscales y cuatro policías investigadores que con el incumplimiento de su labor, vulneraron derechos de víctimas del delito y sus familias en Nuevo Laredo, Reynosa, Mante, Victoria y Tampico.
La FGJT emitió las notificaciones para que todos ellos estén enterados de los procedimientos en su contra y ejerzan su derecho a defenderse, antes de deslindar responsabilidades administrativas.
Entre los agentes del ministerio público señalados están Alma “O”, con los procedimientos 248/2020, 654/2021, 445/2021 y sus acumulados 487/2021, 505/2021, 526/2021, 530/2021.
Ella como fiscal en Reynosa, en la integración de una carpeta de investigación no aportó datos de una víctima en cautiverio, ni solicitó una fotografía para realizar la búsqueda en hospitales.
Tampoco recabó muestras de ADN a los familiares para posibles comparaciones con cuerpos encontrados y no identificados, lo que constituye una violación grave del procedimiento y de los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas; además se ausentó casi un mes de sus labores de abril a junio de 2021.
Los procedimientos 51/2021 y 98/2021 son contra Edwing “A”, quien como fiscal en desaparición forzada en Nuevo Laredo, tuvo omisiones al no aplicar los medios de apremio cuando no se atendieron sus solicitudes de fotografía y químico forense.
No solicitó informes sobre desaparecidos en hospitales, centros de salud, clínicas, casas hogar, albergues, centros de internamiento preventivo y de ejecución de sanciones y tampoco pidió colaboración interestatal para la búsqueda.
No agotó el protocolo de personas no localizadas, ni solicitó huellas dactilares, para que fueran ingresadas y procesadas con las que obran en la base de datos de la Dirección de Servicios Periciales. Tampoco recabó muestra hemática, ni confronta de perfiles genéticos, entre otras irregularidades.
