Ciudad Victoria, Tam.-
Los propietarios y responsables de instituciones educativas que operen sin Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE) podrían enfrentar hasta 8 años de prisión y multas que irían de los 117 mil hasta los 234 mil pesos en Tamaulipas, en caso de aprobarse una reforma al Código Penal promovida en el Congreso del Estado.
La iniciativa fue presentada por el diputado de Morena, Isidro Jesús Vargas Fernández, quien propuso endurecer las sanciones previstas en el artículo 189 Ter del Código Penal estatal para castigar a quienes ofrezcan servicios educativos sin autorización oficial.
Actualmente, la legislación contempla penas de 3 a 6 años de cárcel y multas de 500 a mil UMAs. Sin embargo, la propuesta eleva el castigo a un rango de cuatro a ocho años de prisión, además de aumentar la sanción económica de mil a dos mil UMAs.
Con el valor actual de la UMA en 117.31 pesos diarios, las multas alcanzarían montos de entre 117 mil 310 y 234 mil 620 pesos.
Uno de los cambios más relevantes es que la penalidad se aplicaría por cada institución educativa irregular que opere en esas condiciones y no de manera general, lo que incrementaría considerablemente las consecuencias legales para quienes mantengan varias escuelas sin autorización.
La iniciativa también establece que el hecho de tener el REVOE “en trámite” no excluirá de responsabilidad penal a los propietarios o administradores de las instituciones educativas.
Durante la exposición de motivos, el legislador argumentó que existen particulares que abren escuelas y captan estudiantes pese a saber que no cuentan con autorización oficial, provocando daños económicos y académicos a jóvenes y padres de familia.
Señaló que muchas familias realizan gastos en colegiaturas, materiales y trámites, además de invertir años de estudio, para descubrir posteriormente que los certificados o documentos emitidos carecen de validez oficial.
El diputado sostuvo que la afectación “no es menor”, debido a que miles de estudiantes podrían haber sido engañados en toda la entidad por instituciones que operan al margen de la Ley de Educación del Estado.
La propuesta mantiene además sanciones agravadas para servidores públicos que intervengan en este tipo de conductas, incluyendo aumentos de pena, destitución del cargo e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar funciones públicas. (Con información de Rogelio Rodríguez Mendoza / El Diario Mx)
Piden cárcel para dueños de escuelas ‘patito’
