México, D.F.-
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ganó un amparo en definitiva para exigir a Iusacell y Televisa la información sobre las relaciones directivas que existieron entre las compañías desde diciembre de 2010, meses antes de que las empresas avisaran a autoridades sobre su intención de fusionarse; por lo que las firmas aún pueden resultar sancionadas a pesar de que han anunciado su intención de separarse para que la gigante estadounidense AT&T adquiera el 100% de la telefónica mexicana.
La investigación nace de una denuncia que hiciera la multinacional mexicana América Móvil en 2011, cuando advirtió que una serie de ejecutivos ligados con Grupo Televisa ingresaron al Consejo de Administración de GSF, la controladora de Iusacell, de manera intermitente entre diciembre de 2010 y abril de 2011.
Un tribunal colegiado desechó la queja de Grupo Televisa quien argumentaba que el IFT no podía exigirle información que ya obraba en el expediente original de su concentración con Iusacell, debido a que un juzgado le había otorgado un amparo para evitar esta doble entrega de documentación.
Pero el tribunal determinó que el amparo sólo eximía a la televisora de Emilio Azcárraga Jean de entregar información que hubiera dado a la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC) como parte del trámite de la concentración original, mas no la protegía de otorgar documentos relacionados a la investigación IO-003-2011, que la otrora autoridad antimonopolios abrió para atender una denuncia de Telcel en contra de la compra por parte de Televisa de 50% de Iusacell.
Además las compañías tampoco iban a entregar la misma información, pues la CFC había exigido documentación más precisa en cuanto a las relaciones comerciales entre las compañías, un diagrama de todas las funciones que tenían los directivos de Grupo Televisa que estaban en Grupo Iusacell, copias de todas las reformas a los estatutos de GSF entre el 16 de diciembre de 2010 y abril de 2011; una relación completa de todas las concesiones y permisos para ofrecer servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, entre otros requerimientos.
“Así pues, los oficios que constituyen la actual denuncia de violación a la suspensión definitiva, consisten en una mera reiteración, de los oficios de 9 de mayo de 2012, respecto de los cuales, el Juez de Distrito se pronunció en el sentido de que no violaban la suspensión decretada, por lo que la información requerida era diversa a la que obraba en la concentración”, explicó el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en la resolución de la Queja con expediente 71/2014.
El IFT, que heredó este caso y lo clasificó bajo el expediente, IFT/UC/DGIPM/CP/0002/2013, volvió a requerir en junio que Iusacell y Televisa presentaran esta documentación para determinar si al final existió o no una concentración ilegal entre ambas firmas como lo denunció Telcel en su momento.
El instituto tiene abiertas dos investigaciones por concentraciones ilegales, según expuso en su reporte al tercer trimestre del año.
La sombra de Telcel
Telcel, la mayor telefónica del país y que veía cómo Televisa podía reforzar a uno de sus rivales, acusó a la televisora de infringir la orden que la extinta CFC impuso para no concretar la concentración entre ambas empresas.
“(…) se observa que con el 1.093875% de GSF (…) Televisa logró designar a uno de los funcionarios de confianza (…) como consejero B de las diversas empresas que participan de manera directa o indirecta en la concentración, logrando de esta forma inmiscuirse en la conducción efectiva de una empresa controladora hacia sus subsidiarias”, expresó Telcel dentro del expediente RA-039-2012, ante la extinta CFC.
Televisa y Iusacell habían notificado a la extinta comisión de su acuerdo de compra-venta el 8 de abril de 2011, mientras que la inyección de capital por casi mil 600 mdd se anunció el 7 de abril. La operación se llevó a cabo a través de Corporativo Vasco de Quiroga (subsidiaria de Televisa) vía una sociedad unipersonal constituida en España llamada MMI, que a su vez era filial de Fintech, el fondo de inversiones del enigmático inversionistas mexicano David Martínez.
GSF, compañía que controlaba el 100% de las acciones de Iusacell, recibió el monto de mil 565 mdd en octubre de 2011, mientras que el resto de casi 37 mdd se configuraron bajo la figura de derechos fideicomisarios, el cual permitió a la televisora empresa adquirir derechos como accionistas sin la necesidad de obtener los títulos de otra compañía.
“Por lo que, contrario a lo que las empresas denunciadas quieren hacer creer, al día de hoy el Consejo de Administración de Iusacell y sus subsidiarias, se encuentra conformado mitad por personas representado (sic) los intereses de Televisa (…) y la otra mitad por gente de Grupo Salinas (…); lo anterior, sin que se haya actualizado el supuesto previsto para ello en los estatutos (…)”, expresó entonces la telefónica de Carlos Slim en su reclamación presentada en octubre de 2011.
La extinta CFC desechó en diciembre de ese año la denuncia, pero la volvió a considerar tras un recurso de reconsideración interpuesto por Telcel, que ganó en mayo de 2012, unas semanas antes de aprobar la fusión entre Televisa-Iusacell.
La extinta comisión ya había publicado su investigación el 15 de diciembre de 2011, bajo el expediente OI-003-2011, justo el que heredó y retomó el IFT.
Iusacell contaba entonces con cuatro directivos en su Consejo de Administración: el jefe de la Junta de Directores, Ricardo Salinas Pliego, además de Pedro Padilla Longoria, José Antonio Lara del Olmo y Jaime Cortés Rocha, según un reporte de la compañía a la Comisión de Valores de EU (SEC por sus siglas en inglés) enviado el 5 de julio de 2011.
José Antonio Lara del Olmo era vicepresidente fiscal de Televisa y Jaime Cortés Rocha, consejero de GAP, además de socio de la firma de abogados Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes de 1997 a 2007, cuyo fundador es Alfonso de Angoitia, vicepresidente ejecutivo de Televisa.
La telefónica también había incorporado como su director de finanzas a Carlos Ferreiro Rivas, quien ostenta el cargo de director general de Innova, grupo que opera a la firma de televisión satelital Sky, donde Televisa tiene el 58% de participación accionaria. Además era vicepresidente de Administración y Finanzas de Sky; y miembro suplemente dentro de esta firma.
Ricardo Maldonado Yañez aparecía en el mismo reporte enviado a la SEC como co secretario. Maldonado fungía como secretario del Consejo de Administración de Televisa, y socio del despacho Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes.
José Antonio Lara del Olmo aún se ostenta como vicepresidente fiscal de Grupo Televisa, Jaime Cortés Rocha regresó el año pasado a Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, y Ricardo Maldonado Yañez se mantiene como socio del mismo despacho.
