México, D.F.-
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, señaló que ha llegado la hora de que la dependencia saque las manos de la administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Detalló que dentro de la propuesta en materia fiscal para el petróleo y la electricidad, que forma parte de las leyes secundarias en materia de energía, se establece que ni Pemex ni la CFE necesitarán de la aprobación de la SHCP para conformar su presupuesto, ni cuando quieran realizar cambios al mismo.
Durante la presentación de las iniciativas de legislación secundaria de la reforma energética que el Ejecutivo Federal envió hoy al Senado de la República, el secretario dijo que lo anterior será siempre y cuando se cumplan dos requisitos mínimos que fijará el Congreso de la Unión.
Tales como “un límite global de endeudamiento y un límite global al gasto en el capítulo de servicios personales”, explicó en el acto realizado en Palacio Nacional.
Acompañado por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, expuso que la propuesta en materia fiscal consiste en dos nuevas leyes: La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la nueva Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
Este paquete también incluye modificaciones a tres leyes existentes: La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley General de Deuda Pública y la Ley de Coordinación.
Videgaray Caso destacó los tres objetivos principales de estas iniciativas, las cuales se apegan en lo dispuesto en el texto Constitucional y a los artículos transitorios aprobados en diciembre pasado.
Estos son establecer un régimen fiscal competitivo para el sector de energía, con el objetivo de promover mayor inversión y crecimiento para asegurar que los mexicanos sigan recibiendo la renta petrolera en su integridad.
El segundo objetivo, apuntó, es fortalecer a Pemex y a la CFE para que puedan ser más eficientes, incrementar su productividad y ser empresas más competitivas.
El tercero es asegurar una transición fiscal ordenada, que asegure que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones esenciales en materia de inversión pública, salud y educación pública.
Ello, al tiempo que promueve la mayor inversión en el sector energético y se crean mecanismos permanentes de ahorro de largo plazo, derivados de la renta petrolera en beneficios de las generaciones presentes y futuras, abundó.
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