Ciudad de México.-
La tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es uno de los costos fiscales más importantes que el gobierno federal deja de recaudar cada año, señaló el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
De ahí que considerará que, más que publicar cada año lo que el gobierno federal dejará de recaudar por diferentes exenciones y tratamientos fiscales preferenciales, se necesita más transparencia y hacer una evaluación de su impacto.
En un estudio sobre las “Renuncias recaudatorias. Un llamado a su evaluación y pertinencia”, se señala que sobresalen 10 gastos fiscales que representan 775 mil 893 millones de pesos en 2026, equivalentes a 2.0788 % del producto interno bruto (PIB).
Es decir, el monto que no ingresará a las arcas públicas por dar estímulos o esquemas diferenciados a contribuyentes, ya sean empresas o personas físicas, para que no paguen el gravamen o una parte.
Seleccionó las 10 más importantes en donde la mayor parte se concentra en las renuncias de alto costo y beneficio generalizado, que suman 536 mil 395 millones de pesos o el 1.4371 % del PIB.
Le siguen las renuncias condicionadas por formalidad o capacidad económica, con 210 mil 787 millones de pesos y 0.5648 % del tamaño de la economía.
También por el tratamiento de coyuntura seleccionado, cuyo costo fiscal es de 28 mil 711 millones de pesos y 0.0769 % del PIB.
Indicó que el primer grupo corresponde a tratamientos de amplio alcance que reducen el precio relativo de bienes y servicios considerados socialmente relevantes.
Aquí se ubican la tasa cero del IVA a alimentos, medicinas y agua, así como las exenciones a servicios de enseñanza y vivienda.
Se justifican comúnmente por su vínculo con necesidades básicas, acceso a servicios esenciales o bienes de alta relevancia social, explicó.
Pero, al operar de manera generalizada, el beneficio se distribuye entre todos los hogares con independencia de su nivel de ingreso, capacidad de gasto o necesidad efectiva.
De tal manera que la tasa cero del IVA a alimentos ilustra el tipo de problema que justifica su inclusión en esta agenda.
Refirió que según el reporte de renuncias recaudatorias de 2026 que elabora la Secretaría de Hacienda, este tratamiento representa una renuncia de 1.26 % del PIB o bien 471 mil 748 millones de pesos.
No obstante, para el centro de investigación, para valorar su pertinencia se requiere analizar si el mecanismo cumple el objetivo social que lo justifica.
Hay que verificar si el beneficio llega proporcionalmente a los hogares con mayores restricciones de ingreso y si existen alternativas más progresivas, trazables o costo-efectivas, estimó.
