Washington, D.C.-
La Suprema Corte de Estados Unidos analizará el miércoles próximo la constitucionalidad de la ley SB 1070 de Arizona, que busca aplicar la ley de inmigración, la cual según la Casa Blanca es una tarea que corresponde al gobierno federal.
El caso “es claramente un asunto de derechos civiles”, dijo el presidente del Fondo Mexicano-Estadunidense para la Defensa Legal y la Educación (Maldef), Tom Sáenz, en un foro organizado por el Centro para el Progreso Americano (CAP).
El fallo de la Suprema Corte en el caso Arizona contra Estados Unidos, que se espera antes de junio, puede tener un impacto político en un año de elecciones presidenciales donde el tema de inmigración es una de las prioridades para el creciente electorado hispano.
Cortes inferiores han frenado o suspendido cláusulas controversiales de la SB 1070, así como otras leyes estatales antiinmigrantes similares en Alabama, Georgia, Utah y Carolina del Norte.
La vicepresidenta sobre Política de Inmigración del CAP, Angela Kelley, aseveró que las leyes en esos estados básicamente legalizan la discriminación racial y obligan a las personas indocumentadas a esconderse.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha indicado sobre la ley SB 1070 que cada estado tiene la obligación de defender a sus residentes, sobre todo cuando el gobierno federal “ha fracasado” en cumplir con sus responsabilidades.
El máximo tribunal analizará en los argumentos orales sobre el requisito de personas detenidas de “mostrar papeles” para que la policía verifique su estado migratorio si tiene “sospecha razonable” de que es indocumentada.
Asimismo, escuchará argumentos sobre la penalización del trabajo no autorizado y los arrestos sin orden judicial si la policía considera que tiene una “causa probable” de creer que el delito cometido por la persona la hace sujeta a la deportación.
Por su parte, activistas, religiosos y familias inmigrantes de varios estados participarán a partir del lunes en vigilias y actos de protesta frente a la Suprema Corte y otros tribunales del país, anunciaron la organización Casa de Maryland y otros grupos cívicos.
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