Tamaulipas se sumó al acuerdo establecido por la Federación, Estados y sociedad civil para prevenir y combatir en forma conjunta y coordinada a la delincuencia, erradicar la impunidad y formar una nueva generación de servidores públicos que garanticen la aplicación de la ley y el castigo para quienes la infrinjan.
Ante mandatarios de todos las entidades del país, el gobernador Eugenio Hernández Flores sumó su apoyo y el de la sociedad tamaulipeca a la convocatoria del Presidente Felipe Calderón Hinojosa para realizar un nuevo esfuerzo nacional que mantenga vigente el estado de derecho y le devuelva a la sociedad la confianza en sus autoridades.
Asimismo, Hernández Flores respaldó el planteamiento de la CONAGO, que en voz de Eduardo Bours, gobernador de Sonora, subrayó la necesidad de ejercer estas acciones en forma corresponsable y con compromisos concretos, medibles en resultados tangibles.
En ese escenario, Tamaulipas aportó una propuesta propia encaminada a fortalecer a las instituciones involucradas en los objetivos mencionados, la cual coincide en sus aspectos esenciales con el planteamiento dado a conocer en forma global por el gobierno federal y el resto de los estados, el cual incluye entre otros rubros medulares la especialización de jueces penales en delitos de alto impacto y un sistema de seguridad para autoridades y testigos que inhiba actos intimidatorios contra ambos.
En este acto de solidaridad nacional, el Jefe del Ejecutivo tamaulipeco respalda también la postura de separar el debate ideológico y las posturas partidistas de las acciones de prevención y combate al delito, a fin de coronar con resultados exitosos la responsabilidad de otorgarle a la sociedad la protección a la que tiene derecho.
En el documento tamaulipeco se explica que si la Constitución General de la República especifica la gravedad de determinadas violaciones a la ley, la aplicación de la justicia debe ir acorde con esa visión, por lo que es necesario que dentro del ámbito penal los jueces cuenten con una preparación específica que haga más eficiente su labor y reduzca en forma radical la impunidad de quienes agravian a la sociedad.
En ese sentido, se apunta que los impartidores de justicia requieren también de protección que impida que sean vulnerables al acoso de la delincuencia, por lo que se plantea también la creación de instrumentos jurídicos que los alejen del escenario público y les permitan cumplir su trabajo con estricto apego a la ley.
En lo que se refiere a la sociedad y en particular a los testigos que puedan aportar información en el proceso de impartir justicia, el planteamiento tamaulipeco integra también la necesidad de una estructura legal que los proteja de intimidaciones.
En otro rubro fundamental para el cumplimiento del Estado de Derecho, la propuesta entregada por el gobernador Eugenio Hernández Flores incluye observaciones sobre el proceso de reclutamiento, formación y solvencia moral de los servidores públicos responsables de hacer cumplir la normatividad penal.
En ese contexto, se destaca un cuidado extremo en el perfil profesional de los mismos y en su eficiencia, capacitación y competencia, tanto material como tecnológica. Todo ello, necesariamente ligado a una remuneración adecuada, en función de la grave responsabilidad que desempeñan.
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