En una nota extensa de Carlos Manuel Juárez del periódico La Razón de Tampico explica que la Ley para la Protección de Personas aprobada recientemente por el Congreso local es para las víctimas del delito, los ofendidos, los testigos, los jueces, los magistrados, los agentes del Ministerio Público, los policías y los peritos que participen en casos penales de gravedad.
Pero para otorgar esa protección hay que seguir todo un embrollo burocrático, primero que se cree una unidad que estará adscrita a la Procuraduría Estatal, luego que esto se logre, quién sabe en cuanto tiempo, el agente que esté a cargo de la oficina elaborará un estudio técnico que permita brindar la protección a alguna de las figuras ya mencionadas, siempre y cuando se determine que es un “caso penal de gravedad”, y entonces, nos quedamos en las mismas, ¿cuál considerarán las autoridades cae en esta categoría? Sería conveniente que lo clarifiquen a la ciudadanía.
Y se advierte que los empleados enterados del caso pueden ir a prisión por seis años si pone en riesgo al testigo, si lo afectan hasta ocho y si éste muriera el funcionario purgará condena de doce años. Esta disposición es para evitar filtraciones de información.
Para crear todo este entramado legal se requieren recursos, lugares adecuados para tener a los testigos protegidos, si éstos no están dentro de la cárcel, porque puede ser que algún detenido solicite formar parte de este programa, de ser así tendrá que recibir atención especial y hasta ser trasladado de penal para protegerlo.
En este tema observo los riesgos y el costo que implica que un detenido o detenida reciba protección especial, siento que a estas alturas de las circunstancias que tiene Tamaulipas la atención legal y la protección integral debería estarse centrando en las víctimas del delito.
Está bien si las autoridades consideran que se hace necesaria la figura del testigo protegido, pero sólo si eso contemplara resarcir a las víctimas y a la sociedad del daño inflingido por tantos años de violencia e inseguridad.
De otra forma estaremos metiendo dinero bueno al malo, algo similar sucede con el plan de crear una área dentro de la secretaría de Administración Estatal que se encargará, dicen, de administrar los bienes incautados a quienes participan en actividades ilícitas.
Se tendrá que crear esta oficina, lo que conlleva más burocracia y cuidarán que aquellos negocios que no sean ilícitos sean administrados mientras avanza el proceso contra el acusado o acusada.
Pero a ver si no nos sale como con Raúl Salinas de Gortari a quien lo metieron a la cácel acusado de desviar recursos públicos para su beneficio y al final resultó que una vez exhonerado de los cargos le regresaron todo, hasta salió más rico que cuando entró al penal y eso resulta además de una burla para la ciudadanía, una injusticia porque se quedó con el dinero de los contribuyentes. Y ahí anda paseándose tan orondo y contento.
Y en cuanto a la division que plantean de lo que se obtenga de los bienes enajenados susceptibles de venta que se reparta en partes iguales al Poder Judicial, a la procuraduría y al fondo previsto a la Ley General de Víctimas debería revisarse, porque como ya lo comenté en estos momentos es primordial restañar heridas y eso solo se logra con indemnizar a las víctimas de los cruentos choques entre autoridades y grupos de delincuentes.
Además las autoridades se han tardado en cumplir con las indemnizaciones, hasta hoy no informan como está avanzando ese procedimiento, ni cuántas personas están incluídas.
Tamaulipas debe comenzar un proceso profundo de cicatrizar heridas y ayudar a las víctimas, es una tarea que no debe aplazarse un año más.
TIEMPOS COMPLEJOS
Ramiro Ramos en su discurso en la sesión celebrada en San Fernando el miércoles 15 por los integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso local dijo “Estamos viviendo tiempos muy complejos en donde los retos se han acrecentado, pero ante ello y en tiempos complejos, los mexicanos y en particular los tamaulipecos, nos hemos dado la mano para salir adelante y lo hemos hecho aprobando Iniciativas, reformas y leyes que en la práctica apoyen a todos los tamaulipecos, de esta forma estamos logrando poner en orden al Estado, beneficiando su desarrollo y el entorno en que vivimos”.
Dice Ramiro que están poniendo en orden al Estado, los hechos en Reynosa del viernes pasado muestran que el trecho por recorrer aún es largo y que las campañas y las elecciones que se celebrarán el 7 de junio necesitan un ambiente seguro, porque de otra forma el costo más alto lo pagarán aquellos candidatos y candidatas que fueron postulados por el PRI, porque de este partido emana el gobierno y la ciudadanía advierte en su funcionamiento fallas que le afectan su vida cotidiana de manera grave.
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