Washington, EU.-
El estado de Texas tiene desde esta semana una nueva ley antiinmigración. La Senate Bill 4, conocida como SB4, que prohíbe a cualquier ciudad o pueblo del estado aplicar medidas que las conviertan en “santuario” para inmigrantes indocumentados a riesgo de sufrir sanciones.
También permite aplicar la política “enséñame los papeles”, que autoriza a la policía a preguntar por el estatus migratorio a cualquier persona que desee, sin motivo aparente o razón. La ley fue promulgada la noche del domingo sin aviso del gobernador republicano Gregg Abbot —sólo se transmitió su firma a altas horas de la noche a través de una conexión en vivo por redes sociales— y entrará en vigor el próximo 1 de septiembre.
Para los críticos la nueva ley da carta blanca a la discriminación racial y provocará que la población de origen latino —cerca de la mitad de los habitantes del estado— desconfíe de las fuerzas de seguridad.
Texas no tiene ninguna ciudad autodeclarada “santuario” para indocumentados, pero varias de sus ciudades más importantes, incluida su capital, Austin, se han negado a colaborar con el gobierno federal en la detención de inmigrantes indocumentados.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha vuelto a potenciar las medidas antiinmigrantes en los estados de fuerte carácter conservador, amparados en la nueva retórica que llega desde Washington. Hace años Alabama o Arizona intentaron aplicar una ley parecida a la SB4, pero fueron rechazadas por inconstitucionales. Ahora, otros estados controlados por republicanos, como Louisiana o Mississippi, están trabajando en sus propias versiones de la misma medida.
La nueva ley provocó numerosas protestas. Incluso, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mostró su “preocupación”. “Este tipo de medidas criminalizan aún más el fenómeno migratorio”, indicó la SRE en un comunicado.
La presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), Janet Murguía, calificó la ley como “irresponsable”, “perturbadora y anticonstitucional que pone en riesgo los derechos de los texanos”.
Varias organizaciones que trabajan en favor de los derechos civiles buscan llevar la legislación ante los tribunales. Sin embargo, y de forma preventiva, el fiscal general del estado, Ken Paxton, pidió a la justicia que declare la ley “constitucional, legal y un paso vital para la seguridad en nuestras fronteras”, ante los supuestos riesgos de ser un estado fronterizo con México.
