El deterioro de la imagen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es gratuito, más bien es el resultado de la poca tersura con la que se han conducido sus integrantes, entre los que destacan el ministro Luis María Aguilar Morales, la mano que mece la cuna, y la presidenta, Norma Piña Hernández, en el proceso de la judicialización de la política y su paso siguiente, la juristocracia, esto es la dictadura judicial.
Ambos siguen a pie juntillas las instrucciones del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, uno de los más poderosos líderes de la ultraderecha planetaria, quien a tan sólo cinco días de haber asumido la presidencia, implementó la reforma constitucional de 1994 para consolidar a la SCJN como un órgano de resolución de conflictos de constitucionalidad, creando las figuras inconstitucionalidad y controversia constitucionalidad.
Además, creó el Consejo de la Judicatura Federal, con lo que los funcionarios del Poder Judicial se vigilan y sancionan a sí mismos, teniendo al mismo presidente en la Corte y el Consejo.
Según Zedillo, la reforma y el golpe de estado contra el Poder Judicial, eran para que la Suprema Corte asumiera la responsabilidad de ser no sólo la máxima salvaguarda de la Norma Fundamental sino el último garante del federalismo y de la división de poderes (?).
Ya se dijo que a partir del primero de agosto de 1995 Luis María (entonces magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito), fue nombrado secretario general de la Presidencia y Oficial Mayor de la SCJN, cargos con los que tuvo la oportunidad de maniobrar la instalación administrativa del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la distribución a modo del presupuesto de egresos asignado al Poder Judicial de la Federación; la ubicación del personal que formaría las unidades administrativas del CJF; la selección del edificio sede del Consejo y la reorganización administrativa de la Suprema Corte. ¡El lobo encargado del gallinero!
Desde entonces ha mostrado una cola muy larga. Enrique Rodríguez escribió recientemente que: “Hace 3 años las pruebas (en contra del ministro Aguilar Morales) sobre los vínculos inconfesables, omisiones, dudosas operaciones presupuestales, moches por obras multimillonarias, persecuciones sin pruebas, pacas de dinero en efectivo, protección a juzgadores federales involucrados con el crimen organizado y la tolerancia a la red de nepotismo dentro de la institución fueron suficientemente poderosas y cotejables como para fincar responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales”. Nada pasó.
Pero, lo peor no está en la corrupción y la venalidad; sino en la incongruencia. Los miembros del Poder Judicial pretenden tomar para sí funciones, prerrogativas y decisiones que corresponden solamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, asumiendo una actitud que se parece mucho a la juristocracia, en la cual serán el poder omnímodo, esto es, un régimen autoritario regido por jueces, magistrados y ministros que responderán, como lo hacen orita, al mandato de minorías privilegiadas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha actuado con prudencia y les ha dado la posibilidad de que amplíen sus atribuciones; pero, conforme a la ley, para lo cual propone que dichos funcionarios sean elegidos por las ciudadanos a los que van a servir en su calidad de servidores públicos adscritos al Poder Judicial.
Con ello, verdaderamente, se preserva el espíritu democrático y se conjura el peligro de una dictadura.
