Ciudad de México.-
El edificio privado en demolición de San Antonio Abad, en el que murieron tres trabajadores y otro está hospitalizado, no contaba con un programa interno de protección civil ni con medidas para proteger los inmuebles colindantes por lo que fue suspendido por la alcaldía Cuauhtémoc.
En tanto, el martes el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, indicó que el inmueble resultó afectado por el sismo de 2017, por lo que fue clasificado de alto riesgo y se notificó a los dueños, desde 2018, para que fuera demolido.
En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario dijo que el 25 de mayo de 2018, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México “determinó la necesidad de la demolición total del inmueble, debido al riesgo estructural existente, derivado de los daños ocasionados por los sismos de 2017”.
Posteriormente, el 2 de junio de ese año, el Comité de Emergencias de Protección Civil notificó al titular del inmueble la necesidad de realizar los trabajos de demolición correspondientes, ante el riesgo estructural identificado.
El 20 de noviembre de 2020, los propietarios del inmueble constituyeron el Fideicomiso 777 San Antonio Abad, para gestionar y ejecutar la demolición.
El 14 de julio de 2025 —cinco años después— el representante legal de dicho fideicomiso solicitó a la Comisión para la Reconstrucción la aplicación del Acuerdo General de Facilidades Administrativas para los trabajos relacionados con la demolición.
“La Comisión para la Reconstrucción realizó el análisis jurídico y administrativo de la solicitud del promovente, determinando su procedencia con la finalidad de mitigar el riesgo inminente y salvaguardar la integridad de las personas e inmuebles colindantes. Lo anterior, se reitera, no exime a los particulares de que en la ejecución de las obras se deba cumplir con las medidas de seguridad, de protección civil y demás responsabilidades derivadas de esa ejecución”, indicó.
Por separado, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, dijo que durante la verificación del inmueble —al que ayer se le colocaron sellos de suspensión— el lugar no acreditó contar con programa interno de protección civil ni tampoco tenía medidas de protección para los inmuebles colindantes, por lo que se ponía en riesgo a más personas.
Al presentar los pormenores del caso, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició una investigación y manifestó la voluntad de su administración por llegar hasta sus últimas consecuencias y buscar la reparación del daño a las víctimas.
