Ciudad Victoria, Tam.-
El fiscal en el Combate a la Corrupción de Tamaulipas, Andrés Norberto García Repper, negó que el empresario Israel Alejandro Valdez Sánchez, se encuentre arraigado o bajo prisión domiciliaria, así como que se le hayan brindado medidas de protección, por recibir amenazas a su integridad física.
García Repper aseguró que la investigación que enfrenta Valdez Sánchez no está relacionada con presuntos actos de corrupción o solicitudes de sobornos, sino por presuntos delitos cometidos durante un litigio administrativo.
Explicó que la intervención de la Fiscalía a su cargo se originó a partir de una denuncia presentada por el Gobierno de Tamaulipas, por los presuntos delitos de falsedad de declaraciones ante un Tribunal y fraude procesal, derivados de un procedimiento judicial relacionado con la cancelación de un contrato de distribución de despensas.
El fiscal expresó que la Fiscalía no investiga si el contrato fue otorgado o cancelado correctamente, pues ese asunto corresponde a la esfera administrativa. La investigación se centra en declaraciones realizadas por el empresario ante un tribunal, las cuales habrían servido de base para obtener inicialmente una resolución favorable.
Mencionó que en la denuncia que sostiene que Valdez Sánchez afirmó haber entregado en tiempo y forma las pólizas de garantía exigidas para la prestación del servicio. Sin embargo, durante la investigación se recabó información que, según la acusación, contradice esa versión.
“Él afirma haber entregado en tiempo las pólizas que como proveedor deben garantizar la prestación de sus servicios, cuando el gobierno y esta Fiscalía se dedican a investigar efectivamente cómo se dieron todos los trámites del contrato, se percatan que la afianzadora responde que no, que estas pólizas ni siquiera se habían entregado en la firma (del contrato) el 15 de marzo.
“La afianzadora responde que la solicitó a partir del 3 de abril y se entregaron aproximadamente el 11 de abril, luego entonces si esto sirvió de base para que el tribunal en una primera instancia le diera la razón, el gobierno está señalando que hay una conducta de falsedad, y el mismo tribunal lo revoca”, agregó.
Y expuso que “lo que esta fiscalía hace es investigar los delitos que se denuncian. El asunto que se encuentra bajo investigación tiene que ver con presuntas falsedades planteadas ante un tribunal y no con el fondo del contrato administrativo”.
Sobre la afirmación del empresario, hecha a través de redes sociales y en espacios radiofónicos, de encontrarse arraigado, García Repper fue categórico al señalar que dicha versión es incorrecta.
“No hay arraigo”, afirmó el fiscal al leer las medidas cautelares dictadas por el juez. Explicó que la resolución únicamente establece la prohibición de salir de Ciudad Victoria sin autorización judicial previa y la obligación de entregar visa y pasaporte mientras se desarrolla el proceso.
Esta medida busca garantizar que la persona permanezca a disposición de las autoridades y pueda comparecer cuando sea requerida por el sistema de justicia, aseveró.
“Hay que aclarar algo que se dijo y que es una falsedad. No hay arraigo. Un juez ordena que entregue su visa y pasaporte, porque cuando las personas están sujetas a un proceso se tiene que garantizar que estén al alcance de la autoridad, en caso de que se llame a una audiencia.
“Él puede salir de la ciudad con autorización judicial, puede circular libremente en la ciudad, y si le pide autorización al juez para salir del país, dependerá de lo que el juez le dé permiso”, mencionó.
Y sobre que el empresario se siente amenazado, “la fiscalía que yo me honró en presidir otorga medidas de protección a las personas cuando en medio de estas controversias consideran que su integridad está haciendo amenazada. Y se le invita que, por favor, si considera que su integridad está siendo amenazada, acuda con nosotros a pedir medidas de protección”, detalló.
El funcionario también aclaró que la Fiscalía a su cargo no ha recibido denuncias formales relacionadas con amenazas, extorsiones, pese a que el empresario ha realizado diversos señalamientos en medios de comunicación y redes sociales.
El fiscal comentó que el proceso penal aún se encuentra en una etapa preliminar y será el Poder Judicial quien determine la validez de las pruebas y la eventual responsabilidad de las partes involucradas.
