A nivel mundial, un tercio de los casi 12 millones de personas encarceladas siguen sin sentencia. Esta cifra se monitorea como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que resalta las disparidades en el acceso a la justicia.
En nuestro país, este problema es pronunciado: un 42.3% de los 210 mil presos se encuentra sin sentencia, superando las tasas de Estados Unidos, Finlandia y otros países. Este panorama refleja los años de vida perdidos bajo la figura de la prisión preventiva en México, centrándose en su duración y los factores legales y sociodemográficos asociados.
Datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL) analizan miles de casos donde la duración de la medida varía significativamente según el tipo de delito, la autoridad de detención y el flagrante delito, así como factores extralegales como el género y la educación. Los delitos que requieren prisión preventiva obligatoria y las detenciones federales están asociados con un encarcelamiento prolongado sin condena.
Las mujeres y las personas con niveles educativos más bajos enfrentan claras desigualdades en el acceso a la justicia. Además, el análisis a nivel subnacional revela marcadas disparidades en la eficiencia judicial, lo que subraya la necesidad de realizar reformas profundas.
Factores y consecuencias de la prisión preventiva en México
El estudio contribuye a la comprensión de la dinámica de los procesos judiciales al enfatizar la intersección de los marcos legales y las disparidades sociodemográficas. El país tiene una de las poblaciones penitenciarias más grandes del mundo, con más de 210 mil personas privadas de la libertad.
Detrás de esta fría estadística se esconde un sistema en colapso que, lejos de cumplir con su función de reinserción social, se ha convertido en una fábrica de dolor y enfermedad. El uso desmedido de la prisión preventiva en México provoca que una tercera parte de los 298 centros penitenciarios del país sufra hacinamiento crítico, con sobrepoblaciones de hasta el 300%.
Esto se traduce en espacios insalubres, sin mantenimiento, donde los servicios básicos como agua potable, alimentación y salud son escasos. La responsabilidad de la supervivencia recae en las familias de los internos, principalmente mujeres, que deben costear lo que el Estado omite. La emergencia sanitaria por la pandemia solo vino a desnudar esta crisis estructural, incrementando la mortalidad en los centros reclusorios.
Abusos, privatización y la urgente reforma penitenciaria
En América Latina, cerca del 70% de los reclusos están en espera de sentencia, pero el impacto de la prisión preventiva en México es aún más alarmante en las mujeres, alcanzando hasta un 50%. En su mayoría pobres y con defensa legal insuficiente, estas personas ingresan a un limbo jurídico del cual es difícil salir.
Según la CNDH, el 60% de los centros penitenciarios está, en mayor o menor medida, bajo el control de grupos criminales. A esto se suma el costoso modelo privatizado implementado en la década pasada: ocho de los 17 centros federales operan bajo este esquema de “super máxima seguridad”, con costos de hasta 3,000 pesos diarios por interno y regímenes de aislamiento extremo que violan las Reglas Mandela de la ONU.
El desgaste no solo golpea a los reclusos, sino también al personal penitenciario —custodios, técnicos y jurídicos—, quienes laboran en condiciones de alto estrés, desprecio institucional y salarios indignos. Ante esto, especialistas como Elena Azaola (investigadora del CIESAS) proponen un paquete urgente de medidas de política pública:
- Reformar los códigos penales para un uso racional de las penas.
- Reducir drásticamente la prisión preventiva en México.
- Erradicar el hacinamiento y mejorar la infraestructura básica.
- Prohibir el régimen de aislamiento prolongado y recuperar el control estatal de los centros.
- Dignificar la vida de reclusos y personal mediante trabajo, educación y salud.
El sistema penitenciario es un espejo que refleja la indiferencia y la fallida apuesta por el castigo puro. Mientras se sigan recortando presupuestos de readaptación social, esta bomba de tiempo seguirá su cuenta regresiva.
Fuente oficial de referencia: Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
