Es común verlo comer y fumar plácidamente en el exterior del restaurante Tía Rosita. Se rumora en los pasillos judiciales que el hombre cuenta con una medida de arraigo domiciliario, pero la verdad es que no lo parece. Al menos goza de la libertad absoluta para salir a degustar sus alimentos al aire libre, a unos cuantos pasos de su residencia ubicada en las inmediaciones de la plaza del exclusivo Fraccionamiento Las Palmas.
Es la obra llamada el “Despensagate”, con un dentista atragantado y un fiscal que padece amnesia voluntaria son los ingredientes del más reciente y vergonzoso menú político en Tamaulipas.
Mientras un conocido dentista —convertido por obra y gracia de la 4T en un “respetable” magnate de los abarrotes— se pasea con total tranquilidad cerca del Fraccionamiento Las Palmas, la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Andrés Norberto García Repper Favila, aplica la infalible técnica del avestruz: esconder la cabeza y jurar ante las cámaras que en el estado no existen investigaciones ni imputaciones contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El dentista se convirtió en el epicentro de un monumental escándalo judicial por un jugoso contrato que supera los 500 millones de pesos para la compra y distribución de despensas, una trama donde el fango salpicó directamente a la entonces secretaria de Bienestar Social, Verónica Aguirre de los Santos, quien nunca pudo con el paquete, pero en lugar de darle las gracias, terminó convertida en alcaldesa de San Fernando.
El negocio, para su desgracia, se le vino abajo. A este cirujano dentista metido a “empresario” le pasó exactamente lo mismo que a las lobinas de agua dulce en temporada de pesca: pretendió tragarse una presa infinitamente más grande de lo que le cabe en el hocico y terminó atragantándose con una mísera mojarra a mitad de la presa Vicente Guerrero. Hoy, el audaz odontólogo se encuentra en el penoso riesgo de perderlo todo por el simple pecado de no poder digerir semejante bocado.
El dentista ya le había tomado el gusto al presupuesto público. Previamente había ganado algunos contratos muy lucrativos de manos de las autoridades estatales y del propio Ayuntamiento de Ciudad Victoria. Sin embargo, su mayor hito financiero apenas rondaba los 15 millones de pesos; una cifra nada despreciable para cualquier mortal, pero a años luz del botín de más de 500 millones de pesos que pretendió devorar en el “Despensagate”.
En los terrenos de la 4T tamaulipeca, este tipo de tragedias administrativas ocurren porque en las alturas se empeñan en conferir responsabilidades monumentales a personajes que carecen de la más elemental capacidad operativa.
Alguien en la estructura gubernamental quiso llevarse la tajada del león, pero cometió el garrafal error de seleccionar a un operador inexperto que pronto olvidó a quién le debía el contrato y las estrictas condiciones bajo las cuales lo había recibido. Y es que la invitación a morder un pastel de 500 millones de pesos jamás es gratis: tiene un costo de entrada muy alto, de esos que muchos pagan con la cabeza agachada y sin chistar el precio marcado.
Haciendo un poco de memoria, en enero de 2024 la administración estatal anunció con bombo y platillo una denuncia penal por los presuntos delitos de falsedad y uso indebido de documentos oficiales. Esto ocurrió tras detectarse que el equipo legal del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca intentó tramitar una carta de residencia ilegal en Reynosa para meterlo con calzador como candidato plurinominal.
Dicha denuncia se sumaba a la interminable lista de más de 160 carpetas promovidas ante la Fiscalía del Estado por irregularidades que superan los 7 mil millones de pesos, acumulando expedientes por presuntos desvíos en programas de salud y en las mentadas despensas alimenticias.
Bajo ese mismo esquema judicial avanza el proceso en contra de Yahleel Abdalá Carmona, la eterna militante de la coalición PRI-PAN y máxima carta de la oposición para la alcaldía de Nuevo Laredo. Ella sobrelleva en su contra una investigación formal por presunto desvío de recursos públicos destinados a programas alimenticios.
Recordemos también que la hoy magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Gisela Contreras López, denunció que Cabeza de Vaca estaba detrás de una campaña sistemática de ataques y difamaciones en su contra.
El motivo era simple: ella conocía las entrañas de los expedientes de corrupción. Las denuncias penales se construyen desde hace meses; hay varias docenas durmiendo en los archivos ministeriales, mientras la actual secretaria de la Contraloría Gubernamental, Norma Angélica Pedraza Melo, se dedica a procesar decenas de expedientes administrativos en contra de la pasada administración.
Sin embargo, el verdadero chiste de la semana lo dio el flamante fiscal anticorrupción, Andrés Norberto García Repper Favila, quien en una reciente entrevista con la periodista Carmen Aristegui negó categóricamente que su institución tenga abierta alguna investigación, imputación o acusación formal en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Con una soltura que raya en el cinismo, el funcionario rechazó que se realicen persecuciones políticas desde su oficina.
García Repper Favila —quien asumió el cargo el pasado 5 de febrero tras un cuestionado proceso en el Congreso— recordó que en su comparecencia ante los diputados prometió no utilizar la institución para cobrar facturas políticas, hacer cacerías de brujas ni descarrilar carreras. Incluso presumió con orgullo que algunos diputados de Acción Nacional votaron a favor de su designación.
Con esa clase de amigos en la trinchera anticorrupción, ¿para qué quiere enemigos el cabecismo? Al final, la culpa no es del indio, sino de quien lo hace compadre. La torpeza jurídica y los antecedentes de García Repper ya eran perfectamente conocidos en el tercer piso de Palacio, pero aun así insistieron en nominarlo y ordenaron a la bancada guinda su aprobación fast-track en el pleno. Tenían perfiles técnicos impecables sobre la mesa, pero como ya es una insana costumbre, la 4T prefirió seleccionar al peor. Hoy, las declaraciones del fiscal vuelven a demostrar que en la cúspide del poder viven equivocándose de manera sistemática.
Este tipo de pifias políticas e institucionales son lujos que no podrán repetirse al momento de seleccionar a los candidatos para las alcaldías. En la contienda que viene no habrá el más mínimo margen de error. Los de enfrente no están mancos: están listos para atacar, morder y destrozar lo que quede de la estructura guinda si es que en Palacio insisten en encumbrar a sus favoritos, esos parásitos que se marearon en un ladrillo y que huelen a derrota anticipada.
Bueno, por hoy es todo.
Adiós y aguas con los patinazos…
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