Monterrey, N.L.-
El Congreso de Nuevo León exigió al Gobierno estatal y al ISSSTELEON atender de manera urgente el adeudo que mantienen con maestras y maestros jubilados de la Sección 50 del SNTE, que de acuerdo con los propios afectados supera los mil millones de pesos.
Exhorto del Congreso estatal
El exhorto fue presentado por la presidenta de la Comisión de Educación, Perla Villarreal Valdez, el cual fue aprobado por unanimidad de los legisladores, para demandar a autoridades estatales y al Tribunal de Justicia Administrativa a resolver el conflicto que afecta a casi 9 mil docentes.
La también coordinadora del grupo legislativo del PRD señaló que se trata de un reclamo histórico, por el cual miles de docentes han tenido que recurrir a manifestaciones, mesas de diálogo y, recientemente, a la vía jurisdiccional para exigir el cumplimiento de prestaciones que legalmente les corresponden.
“No están solos, su exigencia ha sido escuchada en esta tribuna y continuaremos acompañando la petición de que se cubra aquello que legalmente corresponda y se dé una solución definitiva a un conflicto que lamentablemente se ha prolongado demasiado”, afirmó desde tribuna.
Prestaciones y demandas de los docentes
Durante la sesión ordinaria, Villarreal Valdez subrayó que no se trata de una petición extraordinaria, sino del patrimonio de quienes dedicaron su vida a la educación.
“No estamos hablando de un capricho ni de una petición extraordinaria, estamos hablando de mujeres y hombres que dedicaron buena parte de su vida a las aulas y que hoy reclaman una parte de su patrimonio, construido después de décadas de servicio”, enfatizó.
Entre las prestaciones reclamadas por lo afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se encuentra el incremento del 6.43 por ciento en las pensiones, además de los pagos retroactivos acumulados durante los últimos años.
Ante la falta de respuesta, las y los jubilados interpusieron una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, respaldada por 8 mil 667 docentes, cifra que podría acercarse a los 9 mil afectados, según sus representantes.
La legisladora calificó como contradictorio reconocer públicamente la labor del magisterio y, al mismo tiempo, permitir que quienes ya concluyeron su vida laboral enfrenten un proceso prolongado para hacer valer sus derechos.
El acuerdo incluye además un segundo exhorto al Tribunal de Justicia Administrativa para que dé cauce al procedimiento promovido por los afectados, con imparcialidad, respeto al debido proceso y atendiendo al principio de justicia pronta y expedita.
Para más información, consulta el Congreso del Estado de Nuevo León
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