México se encuentra expuesto a procesos simultáneos de descomposición institucional, expansión del crimen organizado, reconfiguración geopolítica internacional, degradación ambiental y debilitamiento de los sistemas públicos de salud y seguridad.
La ausencia de mecanismos funcionales de coordinación interinstitucional y de inteligencia estratégica ha limitado la capacidad del Estado mexicano para anticipar, contener y responder de manera eficaz ante crisis complejas tanto pasadas como futuras.
El año 2026 se perfila como un período crítico debido a tres factores principales: La reconfiguración administrativa federal, que ha implicado ajustes de capacidades institucionales; la realización del Mundial de Fútbol 2026, evento de escala global que demandará niveles extraordinarios de seguridad, logística, infraestructura y cooperación internacional y la relación en el marco del T-MEC con Norte América.
Estos factores, actuando de forma simultánea, colocan al Estado mexicano en una condición de alta exposición a impactos multidimensionales.
Cada uno, en sí mismo, constituye un desafío operativo; en conjunto, pueden derivar en un escenario de inestabilidad si no se implementan mecanismos de gestión de riesgo de largo plazo y coordinación estratégica de nivel nacional.
El Estado mexicano enfrenta, al inicio del año 2026, un entorno caracterizado por una alta complejidad estratégica. Los factores de riesgo y peligro que inciden en la estabilidad nacional no se limitan al ámbito de la seguridad pública, sino que se proyectan hacia los campos económico, sanitario, ambiental, tecnológico y geopolítico.
La interacción entre estas dimensiones configura un escenario de vulnerabilidad estructural en el cual la capacidad de respuesta institucional se crispa, y se reducen las capacidades técnicas y la pérdida de coherencia en la planeación de largo plazo.
La Agenda Nacional de Riesgos y Peligros 2026, de la autoría de Eduardo Vázquez Rossainz, experto en seguridad nacional y profesor de la Maestría en Gobernanza y Globalización de la UDLAP. ex director del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI) establece un marco de análisis integral para identificar, jerarquizar y evalua las principales amenazas que podrían afectar la seguridad nacional de México durante este año.
Sin fines político ni partidista; se trata de un ejercicio académico-técnico, sustentado en principios de prospectiva estratégica, que busca aportar insumos para la toma de decisiones; anticipación, prevención, mitigación y control de riesgos.
Seguridad pública
En materia de seguridad pública, el cl documento señala que el país enfrenta un proceso de consolidación del crimen organizado como actor político-territorial. Las organizaciones criminales han desarrollado estructuras paralelas de gobernanza local, control social y regulación económica.
Este fenómeno genera un doble riesgo: la pérdida de control territorial del Estado y la captura de espacios institucionales mediante mecanismos de corrupción, intimidación o cooptación.
La respuesta ha estado centrada en la contención mediante fuerzas armadas, ha permitido preservar cierta estabilidad, pero sin revertir la tendencia de fragmentación institucional local.
El sistema nacional de salud constituye otro punto crítico dentro de la agenda de riesgos. El modelo IMSS-Bienestar, concebido para sustituir los esquemas previos de atención médica, presenta fallas estructurales en su diseño y operación.
Las deficiencias logísticas en la distribución de medicamentos e insumos hospitalarios, la insuficiencia presupuestal, la falta de coordinación entre ordenes de gobierno, el deterioro de la infraestructura y la pérdida de personal especializado han generado un escenario de desabasto recurrente y falla total del sistema.
Esta situación compromete la prevención de enfermedades y atención médica en amplios sectores de la población exponiendo al país a un incremento de riesgos sanitarios.
Adicionalmente, la presencia de enfermedades emergentes y reemergentes, junto con brotes de plagas y enfermedades en el sector agroalimentario como el del gusano barrenador, han puesto en evidencia la fragilidad de los mecanismos de bioseguridad nacional.
La expansión de esta plaga afecta de manera directa a la ganadería, impacta la producción y exportación de productos agropecuarios y genera tensiones diplomáticas derivadas de los compromisos sanitarios internacionales de México.
De mantenerse las deficiencias de respuesta institucional, estos eventos podrían escalar hacia una crisis sanitaria humana y animal con implicaciones hemisféricas.
En el ámbito internacional, México experimenta una creciente influencia de actores externos, entre los que destacan Cuba, Rusia y China.
Su presencia se manifiesta en distintos niveles: cooperación técnica, inversión en infraestructura crítica, intercambio tecnológico, servicios y penetración ideológica.
Estas dinámicas no representan necesariamente una amenaza inmediata, pero sí constituyen un factor de riesgo. Estos esquemas de influencia requieren vigilancia, evaluación constante y delimitación de alcances, además de generar un desgaste con socios estratégicos.
El Mundial de Fútbol 2026 representa un caso singular dentro de esta agenda. Si bien es un evento deportivo de gran impacto económico, su relevancia para la seguridad nacional es sustantiva.
La magnitud de las operaciones logísticas, la afluencia internacional, la necesidad de control de fronteras, la protección de infraestructuras críticas y la prevención de amenazas terroristas, sanitarias o cibernéticas constituyen un desafío integral.
México deberá garantizar estándares internacionales de seguridad y coordinación, en un entorno de criminalidad organizada, vulnerabilidades urbanas y limitada capacidad de respuesta. El evento pondrá a prueba la eficiencia del sistema nacional de protección civil, salud pública, defensa y seguridad interior.
La interdependencia entre riesgos —criminales, sanitarios, económicos, tecnológicos y geopolíticos— exige que la planeación se adopte con enfoque integral. Ninguna amenaza puede ser analizada de forma aislada.
La experiencia reciente demuestra que las crisis sanitarias afectan la economía; que la inseguridad condiciona la inversión; que la corrupción distorsiona la respuesta ante desastres; y que la injerencia extranjera puede amplificar la desinformación y la polarización social.
Esta Agenda Nacional de Riesgos y Peligros 2026 constituye, en consecuencia, un instrumento técnico de planeación estratégica. Su propósito es identificar los escenarios de amenaza, evaluar su probabilidad e impacto, y proponer líneas de acción orientadas a fortalecer la resiliencia institucional del país.
El documento contribuye sin formular juicios políticos ni valoraciones ideológicas; se basa en criterios de análisis de riesgo, evidencia y metodologías de inteligencia prospectiva.
La seguridad nacional, en este contexto, no se concibe como una función coercitiva, sino como una condición estructural de estabilidad. Su garantía depende de la fortaleza de las instituciones, de la capacidad de coordinación entre órdenes de gobierno, del desarrollo de inteligencia estratégica y de la preservación de la legitimidad del Estado mexicano.
La fragilidad institucional acumulada en los últimos años ha debilitado la capacidad del Estado para contener las amenazas que convergen desde múltiples frentes: crimen organizado, corrupción, polarización política, desastres naturales, ciberataques y presiones internacionales.
El país atraviesa una transición de poder institucional, donde las estructuras de control político tradicionales han perdido cohesión, y la legitimidad del Estado se sostiene sobre una confianza ciudadana cada vez más erosionada.
Esta condición genera una vulnerabilidad sistémica, en la que los riesgos locales pueden escalar rápidamente hacia crisis nacionales.
La concentración de funciones de seguridad nacional y pública así como la falta de coordinación eficiente entre los tres órdenes de gobierno amplifican la exposición del país ante amenazas internas y externas.
En consecuencia, México enfrenta el reto de preservar su estabilidad Estatal bajo un entorno caracterizado por la desinformación, la debilidad de los contrapesos democráticos y la expansión de redes criminales transnacionales.
Los riesgos que amenazan la estabilidad nacional derivan de una combinación de factores estructurales persistentes y factores amenazantes: Fragilidad institucional, la debilidad del sistema judicial y la falta de rendición de cuentas han permitido la captura de instituciones locales por intereses delictivos.
Los municipios son, en muchos casos, espacios de convergencia entre poder político, económico y criminal, lo que impide la aplicación efectiva del Estado de derecho.
Desigualdad y fragmentación social La persistente brecha económica y territorial ha generado un mosaico de realidades inconexas.
Zonas metropolitanas como la Ciudad de México o Monterrey conviven con regiones rurales empobrecidas donde la presencia del Estado es mínima. Esta desigualdad favorece la emergencia de economías criminales paralelas.
Corrupción sistémica El fenómeno de la corrupción ya no opera como un hecho aislado sino como una lógica estructural dentro de la gestión pública. La impunidad en los procesos judiciales incentiva la continuidad de redes ilícitas que comprometen decisiones estratégicas del Estado.
Debilidad en inteligencia civil para la gobernabilidad. La eliminación de estructuras especializadas, la militarización de la inteligencia civil y la pérdida de capacidades técnicas han generado vacíos de información crítica.
Esta deficiencia limita la detección temprana de amenazas y aumenta la reactividad institucional ante coyunturas, afectando la gobernabilidad del país
Solo a través de la planeación, la disciplina institucional y la visión de largo plazo, México podrá reducir su vulnerabilidad y asegurar la continuidad de su proyecto de nación frente a los desafíos del futuro inmediato el año 2026 en un escenario de alta incertidumbre política, económica y social.
