La Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a convertirse en la tribuna de una retórica unilateral preocupante, al calificar a México como el «epicentro» de la violencia del crimen organizado y equiparar la amenaza de los cárteles con la del ISIS, el presidente estadounidense no solo tensionó la diplomacia bilateral, sino que reabrió un dilema fundamental para América Latina en relación a la soberanía nacional, el intervencionismo y la corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones a problemas comunes de la región.
Más que exceso verbal, el clasificar al crimen organizado transnacional no como un problema de seguridad pública, sino bajo la etiqueta de “terrorismo global”, persigue la meta de modificar los principios del derecho internacional para explorar posibles acciones militares unilaterales en territorio extranjero.
Esta narrativa sugiere que las instituciones mexicanas carecen del control territorial o la voluntad política necesaria. Permitir que una potencia extranjera califique y actúe militarmente dentro de las fronteras de un Estado vecino sienta un mal precedente para el orden multilateral; y especialmente para la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
El problema de fondo radica en señalar con el índice al país de tránsito de drogas e invisibilizar el motor que impulsa la crisis. Los cárteles no operan en el vacío; la crisis y el consumo masivo de opioides en Estados Unidos generan los flujos multimillonarios que sostienen la estructura financiera de las mafias.
El tráfico ilegal de armas de alto poder que cruzan hacia el sur desde el mercado estadounidense, proporciona a estos grupos de una capacidad bélica extremadamente peligrosa.
Finalmente,cinco décadas de una “guerra contra las drogas” puramente punitiva han demostrado su fracaso al no reducir la oferta ni atender la demanda interna.
Exigir cuentas en la ONU mientras se ignora el tráfico de armas y se omiten políticas de salud pública en casa constituye una diplomacia sesgada y unilateral
Defender la soberanía territorial exige firmeza diplomática, pero también demostraciones contundentes de inteligencia, Estado de derecho y eficacia para desmantelar al crimen organizado en nuestro país.
La paz y la seguridad regionales no se construirán a través de amenazas intervencionistas, sino mediante la cooperación entre iguales que reconozcan que el problema del narcotráfico se atiende, de forma compartida, a ambos lados de la frontera.
