La crisis de medicamentos en México no es una abstracción estadística; se mide en recetas no surtidas y en la incertidumbre de miles de familias.
En ese contexto, la decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de adjudicar un contrato de 740 millones 486 mil 460 pesos a una empresa formalmente inhabilitada para contratar con el gobierno federal no es un simple error administrativo. Es una contradicción que exige respuestas.
El beneficiario es Soluglob Ikon, S.A. de C.V., una compañía que, lejos de ser un socio confiable, arrastra un historial de sanciones que debió activar todas las alarmas institucionales.
Según consta en el Diario Oficial de la Federación, en marzo de 2024 se le impuso una inhabilitación de doce meses por proporcionar información falsa.
A ello se suman observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que la vinculan con pagos improcedentes: la auditoría forense 2117 detectó que, junto con otros proveedores, recibió recursos por servicios médicos supuestamente prestados a 125 personas ya fallecidas y a 12 más con CURP dada de baja.
El procedimiento mismo, lejos de disipar dudas, las multiplica. Las actas de la licitación registran tres montos distintos para la misma empresa: 740.3 millones en la apertura, 731.8 millones en la evaluación y 740.5 millones en la adjudicación.
A esto se añade un hecho insólito: la SEDENA publicó un fallo con un dictamen técnico que anuló al día siguiente, alegando que había anexado “de manera involuntaria” uno “erróneo”, y en la nueva versión los puntajes simplemente cambiaron.
Ambas versiones llevan la firma de conformidad de la coronel Blanca Jiménez Zenteno, subdirectora de Sanidad, y la aprobación del general Armando López Esquivel, director general de Sanidad.
El contexto agrava el escándalo. Jiménez Zenteno no es una funcionaria libre de señalamientos: investigaciones periodísticas previas la han señalado de presuntamente favorecer a proveedores específicos, intimidar a subordinados que cuestionaron sus decisiones y desestimar observaciones técnicas.
Por su parte, el general López Esquivel asumió la titularidad de Sanidad en septiembre de 2026, apenas unos meses antes de que se concretara esta adjudicación, lo que plantea la pregunta de si la nueva cúpula revisó o simplemente heredó y validó el proceso.
La coyuntura no puede ser más delicada. Mientras el Hospital Central Militar reporta un surtimiento de recetas que, según documentos de Sanidad, rondaría el 56%, la institución decide confiar cientos de millones de pesos a una empresa sancionada.
La salud de militares, pensionados y sus familias queda así supeditada a un proveedor cuyo historial de incumplimientos y opacidad es, cuanto menos, un riesgo mayúsculo.
La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, tiene en sus manos la oportunidad de enviar una señal inequívoca.
No se trata solo de revisar un contrato; se trata de determinar si en la SEDENA las sanciones administrativas son un mero trámite o si, por el contrario, todavía significan algo.
La transparencia no puede ser un adorno retórico cuando está en juego el abastecimiento de medicamentos para quienes visten el uniforme.
Exigir una investigación independiente, auditar cada peso y deslindar responsabilidades no es un acto de hostilidad contra las fuerzas armadas: es la única forma de evitar que la opacidad se convierta en la enfermedad crónica de la sanidad militar.
