La Organización de las Naciones Unidas ha sido muy clara en este tema: Es un deber ético, social, económico y político de la humanidad el erradicar la pobreza.
Nuestro país, al ser uno de los cincuenta y un miembros fundadores de esta importante organización mundial, evidentemente debe procurar en sus políticas públicas gubernamentales aquellas que van enfocadas al desarrollo social, o sea, al desarrollo del capital humano y social de sus comunidades; y al ser México una República Federal, se entiende la participación activa de sus gobiernos estatales y municipales en estos asuntos.
Si deseamos realmente una evolución en el desarrollo de nuestros habitantes cuyo objetivo sea el bienestar social, debemos involucrarnos todos en ello. La población más vulnerable debe participar cada vez más en las actividades políticas, económicas y sociales del país; y la iniciativa privada y los gobiernos deben, a su vez, fomentar más estrategias integrales que permitan una mejor distribución de la riqueza en general y de los ingresos, así como una amplia cobertura de protección social para todos.
Requerimos una revisión urgente de las actuales políticas de desarrollo económico y social, considerando y atendiendo lo dispuesto en el tema por la Organización de las Naciones Unidas. Para esta organización, es fundamental y necesario que todos los seres humanos disfrutemos de los mismos derechos fundamentales, de las mismas libertades y de las mismas oportunidades.
Todos debemos tener el mismo acceso a la educación y al trabajo que nos permita tener mejores ingresos y con ello alcancemos el bienestar deseado. Una mejor calidad de vida es el gran objetivo
Nuestros gobiernos deben promover por recomendación específica de la ONU, políticas públicas que aseguren que la gente sea igual ante la ley; que todos gocemos de las mismas oportunidades. El acceso a los servicios públicos y su expansión es inaplazable.
No debe haber algún gobierno de cualquier orden (municipal, estatal o federal), que no esté trabajando para alcanzar la cobertura total de los servicios públicos en la esfera de su competencia y de su jurisdicción.
En un mundo globalizado en donde se hace patente cada vez más el desempleo, la creación de cooperativas económicas en zonas rurales puede ser una alternativa viable para reducir la pobreza extrema en la que muchos mexicanos hoy viven. Estos esquemas permiten mayor calidad de empleos en familias completas, destacando a las mujeres y a los jóvenes, a los indígenas, a las personas con capacidades diferentes y a otros grupos marginados.
Las cooperativas contribuyen a la reducción de la pobreza al promover empleos seguros en los miembros de familias completas, el pago de salarios competitivos y la distribución de las ventas de los productos ofrecidos. Además, con la participación de la sociedad civil organizada, los gobiernos pueden llevar a estos lugares servicios de salud y educación facilitando su acceso a estas comunidades.
En general, deben fomentarse las habilidades de los grupos marginados de nuestro país recibiendo la capacitación adecuada a fin de que se incorporen de inmediato a alguna actividad productiva que les ayude a mejorar su calidad de vida.
No solamente el gobierno debe encargarse de que nuestro país se aleje del subdesarrollo. La sociedad civil desde diferentes posiciones debe trabajar en conjunto para erradicar la pobreza, la hambruna, la desnutrición y el acceso limitado a los servicios de salud y educación. No hay tiempo que perder. Está claro que los gobiernos solos no han podido hacerlo.
@mgarciaahedo
