Si los mexicanos tenemos una institución que es verdadero contrapeso para detener la destrucción de instituciones desde el Palacio Nacional, esta es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida Norma Lucía Piña, quien ha sido acompañada por otros siete ministras y ministros que no han dejado pasar los decretos inconstitucionales que entre una fracción del Legislativo y el Ejecutivo promueven y publican.
Bajo la presidencia de la Ministra Piña Hernández al menos van tres fallos que han puesto en evidencia las intenciones del Ejecutivo para desgastar y hasta desaparecer las instituciones nacionales con acciones que están claramente al margen de la Constitución Política de México, instituciones que, como sociedad, nos ha costado mucho construir.
El traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la primera parte del llamado “Plan B” de la reforma electoral y la invalidez del decreto para no transparentar las obras insignia del sexenio, al decretarlas como obras de seguridad nacional.
Nunca antes se había visto un ataque tan directo y agresivo contra los ministros que no votan como el Presidente quiere que lo hagan. Estas resoluciones han generado la ira en las mañaneras al señalar que esos ministros son corruptos, vede patrias y no obedecen al pueblo, sino a una pequeña élite conservadora de potentados.
Particularmente exagerados han sido los ataques a la persona de la ministra presidenta, además de enviar una clara señal a sus seguidores para que vayan a protestar en el edificio sede del Poder Judicial Federal, protestas que pueden considerarse amenazas al llevar un féretro con la imagen de la Ministra Norma Lucía Piña.
Por eso el Presidente ha propuesto una consulta, muy a su estilo, para que los ministros sean electos por el pueblo.
De esa manera, puede promover entre sus grupos de apoyo que personas sin la menor preparación, pero de mucha lealtad a su persona, sean los encargados de impartir justicia. ¿Se imaginan a los poderosos cárteles de la droga colocando a sus abogados en la Suprema Corte de Justicia?
El Presidente está menos de 500 días para entregar su gobierno y le urge un congreso a modo para que, durante el mes de septiembre del año entrante, el último de su mandato, esté en posibilidades de remover a las y los ministros que le estorban para evitar que la justicia lo llame a cuentas cuando ya no sea el inquilino de Palacio Nacional.
