Washigton, EU.-
En una acción que se esperaba desde hace días, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones contra 13 figuras relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, una nueva vuelta de tuerca para presionar contra el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) prevista para este domingo. Maduro tachó de “insolentes las sanciones” y felicitó a los afectados.
Al mismo tiempo, en la Organización de Estados Americanos (OEA), 13 países, entre ellos México, exigieron a Maduro suspender la Constituyente, en un episodio más de la tensión que se vive en la institución hemisférica.
Entre los altos cargos —actuales y pasados— a los que se les congelaron bienes en Estados Unidos y prohibió cualquier tipo de relación económica con ciudadanos estadounidenses están, entre otros, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el ministro de Educación, ex vicepresidente y presidente de la Comisión presidencial para la Constituyente, Elías Jaua; el director nacional de la policía nacional bolivariana, Sergio Rivero; y la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, así como el defensor del pueblo, Tarek Saab, por no cumplir con su deber de “defender los derechos humanos” en el país.
Las sanciones fueron divididas en tres rubros: los sancionados por promover las elecciones de la ANC o socavar la democracia o los derechos humanos en Venezuela; los responsables, a decir del Tesoro, de la “violencia y la represión” en las protestas, y la gente relacionada con la petrolera estatal venezolana PDVSA o el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), entidades que, según el Tesoro, están “fuertemente asociadas” con “la corrupción del gobierno venezolano”.
Para el gobierno de EU, la celebración de la ANC es “una línea roja que, si se cruza, podría suponer el fin de la democracia en Venezuela” y un paso más cerca de consolidar una “dictadura”.
“Si Maduro impone la asamblea, Estados Unidos tomará acciones económicas”, alertó un funcionario estadounidense, que pidió el anonimato. “Las acciones de hoy son parte de un redoble de tambores que hemos estado siguiendo y un recordatorio [al gobierno venezolano]”, añadió. Eso deja abierta a la ampliación y endurecimiento de sanciones a futuro y, de hecho, se amenazó con “sanciones económicas inmediatas y fuertes” contra aquellos que decidan “unirse a la ANC”.
Por el momento no se impusieron sanciones al petróleo venezolano, ya que la afectación sería directa al pueblo venezolano y entregaría a Maduro la opción de culpar de la situación a un enemigo externo. La medida fue aplaudida por senadores como el republicano Marco Rubio y el demócrata Robert Menéndez, unas de las voces más resonantes contra el régimen de Maduro.
Además, el gobierno de EU aseguró que los activos congelados en febrero al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, se cuantifican en “cientos de millones de dólares”, “mucho más dinero de lo esperado”, lo que en opinión de los funcionarios estadounidense es ejemplo claro de la “corrupción y narcotráfico” que existe en el seno del régimen venezolano.
En un acto de gobierno, Maduro condecoró a los sancionados con réplicas de la espada del héroe independentista Simón Bolívar. “Felicitaciones por esta sanción imperialista. Todo el apoyo de Venezuela para esta pretendida ilegal, insolente, insólita pretensión de un país de sancionar a otro país”, dijo, y añadió que no reconoce esas medidas, que considera un “reconocimiento a la moral, la lealtad a la patria, a la honestidad ciudadana”.
La OEA, con sede en Washington, debatió este miércoles la crisis de Venezuela pero, aunque su secretario general, Luis Almagro, denunció la “tragedia” que vive el país sudamericano, el organismo no logró llegar a un consenso. “Tenemos que reiterar el pedido de la no instalación de la Constituyente”, dijo Almagro, al denunciar “asesinatos”, “torturas”, “presos por motivos políticos” y “violencia ejercida sistemáticamente por el Estado”. Asimismo, “certificó” una lista de 498 presos políticos venezolanos que le entregó la ONG Foro Penal Venezolano.
Pese a la falta de consenso a nivel OEA, 13 países del ente, junto con Almagro, pidieron en una declaración conjunta al régimen venezolano suspender la Constituyente porque “implicaría el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática” y “sería contrario a la voluntad popular expresada en la consulta del 16 de julio”, en la que 7.5 millones de venezolanos rechazaron la ANC. La declaración, no sometida a votación, fue suscrita por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EU, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.
