Ciudad de México.-
De acuerdo con la orden de aprehensión girada contra Ernesto Ruffo Appel y otras 24 personas, el exgobernador panista presuntamente recibió transferencias por 18 millones de pesos a una cuenta contratada a nombre de la empresa Ingemar. Con esto, de acuerdo con las investigaciones federales, el exmandatario se aprovechó directamente de los recursos generados por el contrabando de combustible. Esta sólida acusación de la FGR detalla minuciosamente las operaciones de la red delictiva.
En el expediente judicial se explica que Ruffo Appel se desempeñaba presuntamente como “un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”. La compañía Ingemar declaraba formalmente volúmenes aproximados de 10 mil litros de combustible por unidad; sin embargo, en la realidad física de los traslados, cada carrotanque contenía una cantidad superior a los 100 mil litros de hidrocarburo, una anomalía detectada en por lo menos 163 vehículos de carga. Debido a este modus operandi, el político bajacaliforniano es señalado formalmente por los probables delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Los detalles corporativos en la acusación de la FGR
En el desglose del expediente penal al que se tuvo acceso de manera directa, se menciona explícitamente que el exgobernador es el accionista mayoritario de Ingemar. Esta condición corporativa pone de manifiesto su participación activa en el aprovechamiento logístico y económico de los recursos generados por la actividad ilícita.
A sus 74 años, Ruffo Appel presuntamente desempeñaba la delicada función de operador estratégico en el nivel corporativo de la organización criminal, actuando como un facilitador estructural y legitimador institucional ante las autoridades. Al formar parte directa del órgano de dirección de la empresa, fungió como un instrumento clave para la comisión de los ilícitos, aportando con su intervención la estructura jurídica, la dirección corporativa y la continuidad operativa. Todo esto sirvió para la ejecución sistemática del esquema de evasión, actualizándose su intervención bajo una lógica de coautoría funcional.
Las indagatorias periciales en materia de volumetría e ingeniería forense desprenden que, en múltiples operaciones realizadas a nombre de Ingemar, se asentaban datos falsos. El documento oficial que sustenta la acusación de la FGR resalta que la abismal diferencia sistemática entre lo registrado y lo transportado revela la existencia de un mecanismo deliberado de ocultamiento y fraude fiscal.
“Asimismo, se acreditó que tales operaciones no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de una actividad reiterada y estructurada, desplegada a través de 163 carrotanques, mediante la intervención coordinada de diversos coimputados. Incluyendo agentes aduanales que, actuando como mandatarios de las empresas controladas por el imputado, introducían información falsa en el sistema electrónico aduanero y validaron los pedimentos con su firma electrónica”, señala la institución ministerial en la indagatoria.
Simulación aduanera y el millonario perjuicio fiscal
La autoridad ministerial indica que, aun cuando la empresa Ingemar contaba con un permiso vigente de la Secretaría de Energía (Sener) para importar petrolíferos, las importaciones reales efectuadas excedieron con creces lo declarado formalmente en los pedimentos aduanales. El permiso gubernamental no extingue el delito, debido a que el exceso volumétrico no declarado constituye una introducción ilícita, adquisición, posesión y enajenación sin derecho respecto del volumen excedente. El permiso de importación sólo ampara el volumen autorizado, el producto específico y las condiciones establecidas en dicha licencia.
Toda la evidencia analizada permite establecer una línea lógica y coherente de intervención, en la que el exgobernador controlaba las personas morales utilizadas como instrumentos, diseñaba el esquema de simulación aduanera y fiscal, y coordinaba a los operadores de campo mientras se beneficiaba económicamente del contrabando. Además del exmandatario estatal, la acusación de la FGR incluye formalmente a Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez y Adriana Magali Bárcenas Guillén.
En el oficio 529-V-DI-V-458/2026, fechado el 19 de junio de 2026 y firmado por la Dirección de Investigaciones de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, se formuló formalmente la declaratoria de perjuicio en contra de las personas morales denominadas Ingemar y Servicios Aduanales JR. Las conductas fácticas concatenadas incluyeron la alteración de la naturaleza de la mercancía, donde las empresas declaraban el ingreso de un producto bajo una clasificación arancelaria que no correspondía con su composición química real, además de la subdeclaración de volúmenes.
“Esta discrepancia se constató al confrontar los datos de los pedimentos contra los dictámenes periciales en materia de volumetría practicados tras el aseguramiento físico. Confirmando que el volumen real de la mercancía internada difería de la cantidad manifestada ante la autoridad aduanera respecto de la capacidad y el contenido de los ferrotanques”, se puntualiza en la orden de aprehensión.
Como consecuencia directa de estas acciones, Ingemar omitió el pago de 158 millones 580 mil 417 pesos al fisco federal, mientras que Servicios Aduanales JR omitió el pago de 2 millones 205 mil 239 pesos, concentrándose la mayoría de los ingresos de ferrotanques ilícitos en el periodo comprendido del 11 de abril de 2025 al 29 de junio de 2025. Toda la información y el sustento de la acusación de la FGR obran ya en manos de los jueces federales para el debido proceso.
Para conocer más sobre el marco legal de las responsabilidades fiscales y los delitos aduaneros en el país, puedes ingresar al portal oficial de la Fiscalía General de la República.
