Chilpancingo, Gro.-
A Ángel Aguirre Rivero el caso de una masacre lo encumbró a la máxima magistratura estatal, mientras que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa terminó por conducirlo al penal de máxima seguridad del Altiplano. La revisión de su historial Político demuestra cómo, en sus dos periodos de mandato, la administración de Ángel Aguirre reprimió de manera sistemática a diversos movimientos campesinos y estudiantiles en la entidad.
En 1996, Aguirre asumió la gubernatura tras la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, hecho que obligó a renunciar a su jefe político y entonces mandatario estatal, Rubén Figueroa Alcocer. Sin embargo, los tres años que gobernó en esa primera etapa estuvieron marcados por la violencia e impunidad.
En 2010, el PRI le negó la candidatura a la gubernatura y el PRD de inmediato se la entregó. Ganó con amplio margen la elección y en este segundo periodo la brutalidad contra la lucha social y la disidencia aumentó de manera desmedida: 15 dirigentes sociales, campesinos, ecologistas y estudiantes fueron asesinados; dos dirigentes ecologistas y 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos; además, cuatro promotores de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opuestas a la Presa La Parota (Cecop), Marco Suástegui Muñoz, fueron encarcelados.
Antecedentes de violencia: el periodo donde Ángel Aguirre reprimió a la disidencia
Durante su primer periodo, el 7 de junio de 1998, en la comunidad de El Charco, en Ayutla, el Ejército abatió a 11 personas que sostenían una reunión donde discutían sobre su autonomía y la división interna del movimiento guerrillero del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Ya durante su segunda etapa como gobernador, el 7 de diciembre de 2011, en Tecpan fueron detenidos por policías estatales, ministeriales, militares y presuntos integrantes de una organización criminal, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP). Ambos continúan desaparecidos.
El 12 de diciembre de ese mismo año, en la Autopista del Sol, en Chilpancingo, policías federales, estatales y ministeriales dispararon contra los normalistas de Ayotzinapa que protestaban por mejoras para su escuela. Sobre la carretera quedaron los cadáveres de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
“El gobernador me ordenó limpiar y la carretera está limpia”, dijo el general del Ejército, Ramón Miguel Arriola Ibarra, entonces subsecretario de Seguridad Pública estatal, al finalizar la acción policial.
El 28 de noviembre de 2012, fue asesinada la nueva dirigente de la OCESP, Juventina Villa Mojica, junto a su hijo Reynaldo Santana Villa, de 17 años de edad, en la comunidad de La Laguna, en la sierra de Coyuca de Catalán. Villa Mojica encabezaba el desplazamiento de cientos de pobladores que eran atacados por el crimen organizado.
Impunidad en Iguala y fractura social
El 30 de mayo de 2013, un grupo armado desapareció al dirigente de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, junto a siete personas más, tras haber encabezado una protesta contra el alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez.
Tres días después fueron hallados los cadáveres de Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román. Por estos crímenes fue procesado Abarca. En esos momentos, en Iguala era conocido el dominio de la delincuencia organizada en colusión con la autoridad municipal; sin embargo, no hubo intervención estatal para frenar la alianza criminal.
La represión continuó: el 5 de agosto de 2013, en Coyuca de Benítez, dentro de un vehículo fueron hallados los cadáveres del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez), Raymundo Velázquez Flores, y de Samuel Vargas Ramírez, con huellas de tortura.
El momento cumbre de este periodo ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando se atacó a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. En ese operativo violento, en el que se constató cómo el gobierno de Ángel Aguirre reprimió toda manifestación, fueron asesinados los normalistas Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes, además de concretarse la desaparición forzada de 43 estudiantes.
Con Aguirre, la política institucional no solo significó agresiones directas, sino también el desmantelamiento de organizaciones comunitarias. La CRAC-PC, que en sus primeros años logró consolidarse como un sistema de seguridad comunitario en Guerrero, sufrió divisiones internas promovidas desde el poder estatal mediante la entrega de recursos y el impulso de grupos de autodefensa como la UPOEG. Tras estos hechos, la entidad registró una proliferación de agrupaciones armadas en distintas regiones del estado.
Para conocer más sobre la protección de los derechos humanos y el seguimiento de casos históricos en el país, puedes consultar el portal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
