México, D.F.-
El coordinador del grupo del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, confió en que las leyes secundarias de las reformas constitucionales sean aprobadas antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.
En entrevista, el panista dijo que para ello se trabajará rápido todos los días, incluso de acuerdo con el calendario ya aprobado se celebrarán de tres a cuatro sesiones hasta el 30 de abril, cuando concluye el periodo ordinario.
Se le preguntó si en caso de que fuera necesario se convocaría a un periodo extraordinario, a lo que respondió: “espero que no, que terminemos a tiempo, pero en todo caso esperemos al mes de abril y platicamos”.
Más adelante, urgió a la bancada del PRI a dar a conocer el nombre del nuevo presidente o presidenta de la Comisión Especial Investigadora del caso Oceanografía, luego de la renuncia de Arely Gómez González.
Consideró que la renuncia de la priista fue un acto de responsabilidad muy valioso, pero “estamos esperando que el Revolucionario Institucional nos apoye con el nombre del nuevo o nueva presidenta de la comisión, a fin de dejarla integrada y que comiencen los trabajos”.
Aclaró que quien sustituya a Arely Gómez debe ser un legislador del PRI, ya que la comisión está organizada conforme a la fuerza que tiene cada grupo legislativo en el Senado, y en este caso le corresponde al partido tricolor.
Con respecto al cierre de filas que anunciaron los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN del todo el país con la dirigencia nacional sobre las leyes secundarias pendientes, dijo que esto ayuda mucho a mantener la unidad.
“Creo que lo más importante de este proceso es que más allá de las diferencias que podamos tener en función de la elección interna mantengamos la unidad”, resaltó.
Más adelante, Preciado negó que su bancada haya condicionado la reforma energética a que se aclaren y deslinden responsabilidades sobre el caso Oceanografía, sino a que se cumpla con 21 artículos transitorios.
Esto es, explicó, que se respete “lo que planteamos a nivel constitucional, que se respeten las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, energía y competencia y, por supuesto, la política-electoral.
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