En la mira de la DEA hermano
de ex gobernador de Yucatán

Mérida, Yuc. / Oct. 8
Es una casa que no es visible desde la carretera por lo que se necesita tomar una desviación, avanzar por un camino de piedra con chapopote, aplanado con maquinaria pesada, que lo hace lucir bien conservado, pero donde no hay señalamientos.
Es raro encontrar una vía así, dicen algunos habitantes de los alrededores, porque por esta región predominan brechas de tierra intransitables en época de lluvias.
Un kilómetro adelante hay una curva desde donde se observa a la distancia, detrás de la maleza y monte bajo, una mansión de dos niveles, de fachada con ventanales de madera, teja roja y barda perimetral blanca. Está al final del camino y luce solitaria; por su localización geográfica, a escasos tres kilómetros al sur oeste de la hacienda de Poxilá en un paraje deshabitado, el lugar está identificado en un informe del gobierno de los Estados Unidos como casa de seguridad de la organización del capo Ignacio Coronel Villarreal.
La casona era usada hasta hace unos años por la organización de los Carrillo Fuentes, según los documentos en poder de este diario, para “dividir grandes cantidades de cargamentos de cocaína que entraban a Yucatán a través de Puerto Progreso, unos kilómetros al norte de Mérida”.
Hoy, es una de las casas de seguridad que la agencia identificó, junto con otras edificaciones en Jalisco y Durango, para operaciones logísticas del capo.
Este sitio se ubica por la carretera que va rumbo a Campeche, “dos millas pasando la plaza del pueblo” donde está la hacienda de Poxilá, una extensa propiedad con una llamativa barda y casco antiguo color rojo, propiedad de Pilar Cervera Hernández, hija del fallecido ex gobernador Víctor Cervera Pacheco, y esposa de Alejandro Patrón Laviada, quien está identificado por las autoridades estadounidenses como miembro de la red de Coronel Villarreal en la península de Yucatán.

“La Vaca”, contacto en la Penísula
Alejandro, hermano del ex gobernador panista Patricio Patrón Laviada —actual titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)—, aparece junto con Delmer Toribio Mena Sosa, El Toro Mayor; Daniel Carrillo Espinosa, El Puma, y un individuo a quien sólo se identifica como El Primo —considerado un antiguo operador de los Carrillo Fuentes— como parte del grupo que participa en el tráfico de cocaína y metanfetaminas por esta región a Estados Unidos.
Los documentos detallan que Mena Sosa es “un mexicano con posibles vínculos con el servicio de inteligencia cubano” quien, en septiembre de 2007, logró salvar la vida en un ataque en su contra en Bacalar, Quintana Roo; a Medina Espinosa lo identifican como comandante de la Secretaría de Protección y Vialidad que protegió al narcomenudeo.
El informe recoge la operación de una ruta marítima para el transporte de cocaína desde Puerto Progreso a Tampa Bay la cual, según los estadounidenses, tuvo como punto de apoyo la península de Yucatán, “con la participación de las autoridades locales en las actividades de contrabando y distribución a gran escala”.
Fechado en enero de 2008, el reporte se elaboró semanas después de que el Departamento de Estado notificara a Francisco Antonio José Patrón Laviada, hermano de Alejandro y Patricio, el retiro de su visa para ingresar a Estados Unidos por investigaciones que lo vinculan con el crimen organizado.
La medida también se extendió a Pilar Cervera Hernández, quien de acuerdo con distintas versiones periodísticas, buscó aclararla con las autoridades consulares días después. Este diario intentó localizar a su esposo, Alejandro Patrón Laviada, para que proporcionara su versión sobre el papel que se le atribuye con Nacho Coronel sin que respondiera a los mensajes.
Patrón Laviada está identificado con el sobrenombre de La Vaca y es uno de los personajes que han sido espiados desde hace unos años dentro de la operación Caballero Andante, diseñada y aplicada por la Agencia de Inteligencia del Pentágono y la DEA.
Hace unas semanas, las autoriades locales lo relacionaron con Francisco Quijano Quintal, uno de los detenidos vinculado a las 12 decapitaciones ocurridas a finales de agosto en esta entidad. En un desplegado publicado el 17 de septiembre en un diario local, Patrón Laviada se deslindó de los señalamientos y solicitó a las autoridades federales que iniciaran una investigación en torno a su figura.