Chilpancingo, Gro.-
En septiembre de 2024 el esposo de Martha (nombre ficticio) regresó a su pueblo, en un recodo de La Montaña, en Guerrero, después de cinco años en Estados Unidos.
La mañana del 2 de febrero de 2025 Martha volvió a su casa por unas cosas. Semanas antes se había ido a vivir con sus padres por las golpizas que recibía. Esa mañana, se encontró con el hombre.
Horas después, le llevaron un recado a la madre de Martha: que fuera a recoger el cadáver de su hija. Le dijeron que estaba en el lavadero, de pronto se resbaló y cayó, y el golpe la mató.
La madre no quedó conforme con esa versión. Pidió a uno de sus hijos, que estaba en Tlapa, que denunciara la muerte y que exigiera que acudieran a levantar el cadáver peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Después de horas, los peritos no llegaron y la madre no tuvo otra opción que recoger el cuerpo de su hija y llevárselo a su casa.
Cuando preparaban el cuerpo para el funeral descubrieron los golpes. Tenía moretones en el estómago, en las piernas y marcas de haber sido sometida con violencia por el cuello. También encontraron que tenía lesiones en la cara y en la cabeza. La familia se convenció que Martha fue asesinada a golpes.
Al día siguiente llegaron los peritos, fueron primero a la casa del esposo y luego a la casa de la madre de Martha, donde examinaron el cadáver. En el dictamen, el médico legista sostuvo que Martha no tenía lesiones y estableció que la muerte no era causa de un delito.
Martha, en realidad no se llamaba así, es un nombre ficticio para respetar su identidad y proteger la de su familia.
Impunidad y cifras de feminicidios en la oscuridad institucional
En Guerrero la violencia contra las mujeres es más recurrente de lo que dicen las cifras oficiales. De acuerdo con defensoras de derechos de las mujeres, hay varios factores que invisibilizan la violencia machista, como la manipulación de las cifras, la resistencia oficial para tipificar los asesinatos violentos de mujeres como feminicidios, las omisiones de la fiscalía para investigar estos crímenes y también el miedo a denunciar.
La Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, A.C. (Agcvim) lleva un conteo puntual de los homicidios dolosos contra mujeres con presunción de feminicidio. Sus cifras distan mucho de las que presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La asociación contabiliza, de enero al 21 de octubre de este año, 95 homicidios dolosos contra mujeres con presunción de feminicidio. Esos asesinatos ocurrieron en 28 municipios; Acapulco encabeza la lista con 37 casos, le sigue Chilapa, con seis, y Chilpancingo y Atlixtac, con cuatro cada uno.
Sin embargo, el secretariado contabiliza de enero a septiembre apenas 15 feminicidios.
Esa diferencia entre las cifras oficiales y las de la asociación es constante. En 2025, la Agcvim contabilizó 113 asesinatos violentos contra mujeres, el secretariado apenas reportó 20 feminicidios.
En 2024, la asociación contabilizó 175, y el secretariado reportó 22 feminicidios. En 2023, fueron 138 de la asociación y 15 del secretariado, y en 2022, la organización registró 106 asesinatos violentos contra mujeres y oficialmente se reportaron sólo 12 feminicidios.
Reclasificación
La impunidad en los crímenes contra mujeres es aplastante. La Montaña es un ejemplo nítido. La abogada del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, ha llevado un recuento de los asesinatos violentos contra mujeres en esa región. Dice que de 2016 a 2026 ha documentado por lo menos 168, de esos sólo cuatro crímenes han llegado hasta la sentencia condenatoria y hay siete órdenes de aprehensión que no se han cumplimentado.
Otro punto que señala la abogada es la debilidad institucional para atender los feminicidios de toda la región de La Montaña, pues solamente hay una unidad especializada.
Tlachinollan documentó que para toda la región, con más de 400 mil habitantes, hay nueve agencias del Ministerio Público de fuero común y 22 agentes. No hay ninguna para atender delitos federales.
Uno de los cuatro casos que han logrado sentencia es el feminicidio de Florencia Sánchez Joaquín, me’phaa de 23 años, que ocurrió el 24 de agosto de 2014 en el municipio de Acatepec.
A Florencia la asesinó su expareja Marcelino de la Cruz Sánchez y otros dos hombres.
La pareja se había separado seis meses antes del crimen, debido a la violencia recurrente. La noche del 24 de agosto Florencia fue a recoger unas cosas a su casa. La lluvia le impidió regresar con sus padres, en ese momento, Marcelino llegó con otros dos hombres. Entre los tres la violaron y luego la asesinaron.
La madre de Florencia denunció el crimen. Fue el primer asesinato violento contra una mujer en la región que fue clasificado como feminicidio. Marcelino fue detenido en mayo de 2017 y tres años después fue sentenciado por feminicidio. Los otros dos hombres siguen libres.
La abogada de Tlachinollan afirma que el hecho de que sólo haya cuatro sentencias por feminicidio en La Montaña no es casual.
Comenta que estos 10 años sólo dos asesinatos violentos contra mujeres se han clasificado e investigado como feminicidios desde el inicio. Sin embargo, como parte del acompañamiento que han dado a las familias de las mujeres asesinadas, han logrado reclasificar ocho asesinatos que inicialmente la fiscalía no clasificó como feminicidio.
La insistencia
La madre de Martha siempre supo que su hija fue asesinada, por lo cual no se cruzó de brazos, volvió al Ministerio Público para exigir que se investigara la muerte de su hija.
Cuando vistieron a su hija para su sepelio, la familia fotografió las marcas de violencia en el cuerpo. Esas fotografías fueron la principal prueba de que Martha fue asesinada. La madre exigió que le volvieran a hacer la necropsia, para que otros peritos examinaran el cadáver y descubrieran las marcas de la violencia.
Su exigencia llegó hasta un juez, que finalmente aprobó la exhumación y necropsia al cadáver de Martha, pero para realizarlas la familia tenía que pagar 35 mil pesos. La exhumación y la necropsia se hicieron hasta que la madre pudo juntar el dinero.
El resultado confirmó el asesinato: el cadáver tenía fractura en la cara y lesiones en las costillas.
La complicidad y los vacíos en las investigaciones oficiales
Marina Reina Aguilar, coordinadora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, A.C., señala que cuando las autoridades dicen que los feminicidios van a la baja hay manipulación en las cifras.
“¿Quién las controla? El estado. ¿Qué le conviene al estado? Decir que van a la baja.
“Todas las muertes dolosas contra las mujeres tienen que ser investigadas como feminicidios. ¿Y qué está pasando? No las están clasificando así. Dicen: ‘es que se pueden reclasificar en el proceso’. Eso qué quiere decir, que las autoridades no las están clasificando como feminicidios. y eso tiene que ver con las cifras convenientes para el estado”
Para Reina Aguilar esa resistencia tiene que ver con la debilidad institucional, la falta de personal en todas las regiones, las malas prácticas, como la mala integración de las carpetas de investigación, la corrupción y que las autoridades quieren evitar el costo que implica el número real de los feminicidios.
La activista también alerta de otra omisión: las autoridades tampoco están clasificando las tentativas de feminicidio.
“Las tentativas de feminicidio las están clasificando como lesiones agravadas. Eso invisibiliza la violencia extrema contra las mujeres”.
En la baja de feminicidios hay otro aspecto, dice la activista, la falta de denuncias. Explica que en regiones como La Montaña, Costa Chica, Tierra Caliente no se están denunciando todos los feminicidios.
¿Qué impacto social tiene la resistencia por clasificar los feminicidios?, se le pregunta.
“Uno, la impunidad, pero también no clasificarlos impacta en la credibilidad en las instituciones. Hay muchas mujeres que dicen, ‘¿para qué voy?, nada más voy a perder mi tiempo’. Esa credibilidad se tiene que recuperar y la única forma es el acceso a la justicia. También hay impactos en los familiares, en los hijos, hijas, estos feminicidios truncan proyectos de vida. Hay hijos e hijas que dejan sus estudios, hay traumas en las familias. Luego dicen ‘que vaya a terapia’. Sí, que vayan, pero eso no lo va a resolver todo. Hay situaciones que el estado no puede resolver, como devolver a una madre”.
Las amenazas
El feminicidio de Martha se confirmó tras la necropsia, la fiscalía se vio obligada a iniciar una investigación. Comenzó con una inspección ocular en el lugar del crimen, que se realizó el 20 de octubre de 2026.
En la inspección estuvo la madre de Martha. Al terminar se dirigió a su casa y en el camino se encontró con el esposo de su hija, quien le reclamó por la investigación y le tiró un balazo que le dio en el hombro.
“La mamá está lesionada, ahora estamos trabajando otra carpeta de investigación por feminicidio en grado de tentativa, porque parece que su intención es matar a la suegra”, concluye la abogada.
Para consultar información e informes oficiales de la autoridad procuradora de justicia, puedes ingresar al Portal Oficial de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (https://mifiscaliaguerrero.gob.mx).
