Cd. de México.-
Un juez de Control federal ordenó a la Fiscalía General de República (FGR) continuar con la investigación por el desempeño del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, como encargado de la emergencia sanitaria por Covid-19.
El subsecretario y otros servidores públicos fueron denunciados por su presunta falta de deber, cuidado, negligencia y debido ejercicio de su función pública durante la pandemia que ocasionó la muerte de miles de mexicanos, entre ellos el señor Felipe del Carmen Jiménez Pérez.
El pasado 22 de marzo, el agente del Ministerio Público (MP) encargado de integrar la Carpeta de Investigación FED/DGCAP/DG-CAPCDMX/0000003/2022 determinó acordar un no ejercicio de la acción penal dentro del expediente contra López-Gatell Ramírez y otros funcionarios.
De acuerdo con la defensa legal, encabezada por el abogado Javier Coello Trejo, fue notificado el 5 de abril de 2023, y posteriormente al hijo de la víctima vía correo electrónico el 19 de abril.
El abogado solicitó ante el juez de Control una audiencia para el efecto de combatir la determinación, logrando que la impugnación fuera aceptada y, con fecha 2 de mayo de 2023, se realizó.
La audiencia solicitada para el efecto de combatir la determinación de no ejercicio de la acción penal fue atendida por Arturo Medel Casquera, en su carácter de juez de Control federal especializado en el sistema penal acusatorio, con sede en el Reclusorio Sur. El juzgador resolvió revocar la resolución del MP de no ejercicio de la acción penal en contra de López-Gatell Ramírez.
En la audiencia, según Coello Trejo, el juez manifestó que si bien el MP habla de un acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación respecto a limitar ciertas actividades, hubo otras esenciales para la economía del país que no cesaron.
Una de ellas fue el transporte público de pasajeros, actividad a la cual se dedicaba el padre de la víctima indirecta y no fue suspendida. El juez detalló que, si bien no hubo un estudio concreto en relación con el uso del cubrebocas, si éste era eficaz o recomendado para evitar los contagios, lo cierto es que tampoco el gobierno federal ni el subsecretario establecieron como una situación obligatoria el empleo de la mascarilla en México.
Refirió que esos aspectos tienen que ser investigados por la representación social y por los expertos conducentes.
En la audiencia, el juzgador revocó el decreto del no ejercicio de la acción penal del 22 de marzo de 2023 y que la fiscalía tiene que seguir con sus actos de investigación. “He mencionado algunos aspectos únicamente de manera enunciativa, más no limitativa; la fiscalía es la que tiene en su poder ese cúmulo de acciones que se han implementado y de ese cúmulo de acciones pues puede consultar con expertos qué otra acción pudo haber sido eficaz o se dejó de hacer por parte del gobierno mexicano y de sus funcionarios, como en el caso del subsecretario correspondiente”, remarcó el juez en esa ocasión.
Expresó que con base en eso la fiscalía podrá llegar a una determinación exhaustiva y eficaz.
Por otra parte, Felipe Jiménez Palacios, hijo de la víctima, dijo a EL UNIVERSAL que con la resolución del 2 de mayo dictada por el juez de Control tuvo sentimientos encontrados: “Por un lado me llena de mucho coraje e impotencia que en su momento le fuera negada la atención médica a mi padre, quien falleció el 15 de mayo de 2020, y las autoridades simplemente le hubieran recomendado reposo, paracetamol, y nunca le hubieran recomendado hospitalización, aun y cuando era posible positivo a Covid, mismo que días más adelante se confirmó”, aseveró.
Expresó que por otro lado tiene tranquilidad de que el propio juez haya dicho en la audiencia que la autoridad ministerial debe seguir investigando, porque el gobierno dejó de realizar muchas acciones para evitar miles de contagios.
