Ciudad de México.-
El gobierno de México anunció una ofensiva jurídica y diplomática más “contundente” para exigir justicia por la muerte de mexicanos relacionada con acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, que incluye la presentación de denuncias penales ante autoridades estadounidenses y el inicio de acciones civiles contra empresas que operan centros de detención.
En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que 17 mexicanos han perdido la vida en incidentes vinculados con el ICE: 14 fallecieron bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos, entre ellos Lorenzo Salgado, el indocumentado que murió el 7 de julio cuando un agente migratorio le disparó en Houston, Texas. “Hay una situación muy dolorosa”, expresó Velasco, al señalar que el caso de Salgado debe investigarse “con absoluta seriedad”.
Como primera medida, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias formales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de EU por las muertes de mexicanos bajo custodia y durante operativos del ICE, con el propósito de que los casos sean investigados en el ámbito penal. Además, el gobierno mexicano iniciará acciones civiles contra las empresas privadas que administran centros de detención, mediante el envío de cartas de “cese y desistimiento” de acciones y condiciones que derivaron en la muerte de 14 connacionales.
En coordinación con organizaciones civiles, se solicitarán medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a los mexicanos recluidos en centros de detención y se pedirá nuevamente la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para que garantice “la protección de los mexicanos bajo custodia” del ICE.
Ello, aunado al acompañamiento legal de las familias afectadas. Velasco dijo que se mantendrá comunicación permanente con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y legisladores estadounidenses para insistir en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la muerte de Salgado.
El DHS alega que el mexicano quiso embestir con su camioneta a un agente del ICE durante un operativo “específico”, y que el oficial disparó en defensa propia, aunque no ha mostrado evidencia de que así haya ocurrido.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración no será omisa ante este tipo de casos y reiteró que se reforzarán las acciones para proteger a los connacionales. “Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Lo que no podemos es ser omisos frente a los mexicanos que han fallecido en operativos de ICE o que estaban detenidos en estos centros de detención que operan empresas privadas contratadas por ICE”, expresó.
Roberto Lazzeri, embajador de México en EU, dijo que se emplearán “todas las herramientas al alcance para que este caso sea investigado con absoluta seriedad”.
En Houston, la indignación crece y manifestantes exigen esclarecer la muerte de Salgado. “Si van por uno, van por todos”, dijo un hombre que participó en una protesta el miércoles.
No ha sido entregado
La familia de Salgado no ha recibido el cuerpo del mexicano. Según Juan Proaño, director de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), a Salgado le retiraron identificaciones antes de llegar al hospital y fue ingresado como “John Doe”. Las autoridades piden que su esposa reclame el cuerpo, pero es indocumentada; se busca que su hijo Ronaldo pueda realizar el trámite. Proaño denunció que tres migrantes que iban con Salgado, incluyendo su hermano, testigos clave de lo ocurrido, están detenidos y se les presiona “para que se autodeporten”.
