México, D.F. / Nov. 10
“Neoskin tenía una estructura escalonada, diseñada para que al recibir demandas pudiera argumentar ‘insolvencia’ y de esa manera se deslindara de sus responsabilidades”, asegura el despacho Jurídica Asesoría Profesional, de acuerdo con información obtenida en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Monterrey, Nuevo León.
La semana pasada, Neoskin, empresa dedicada a la depilación láser cerró sin previo aviso sus locales en el país y desalojó su corporativo en Monterrey.
El despacho, en voz de un abogado que pidió anonimato, señaló que Neoskin “se dividía en dos: Para reportar egresos era Operadora Definité, Sociedad Anónima de Capital Variable y para registrar ingresos eran Administración Láser Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada de Capital Variable”.
“Esto implica —según el abogado— que por ley, al mostrar sus ganancias tenían menos responsabilidades que cuando exhibían sus entradas, es decir, frente a una demanda podían alegar no tener dinero, cuando en el plano fáctico no era así”.
Jurídica Asesoría Profesional busca que bajo el concepto de ‘responsabilidad solidaria’ las operadoras respondan ante la denuncia que cocinan en contra de Guadalupe Garza Martínez, representante legal de Neoskin, dado que ha declarado impuestos por al menos seis operadoras diferentes, entre las que se encuentran Administración láser, SC de RL, de CV, Definite SA de CV y Sociedad D´Laser SA de CV. Esta casa editorial tiene copia de las actas constitutivas y declaraciones de esas empresas.
Según registros de la empresa, cerca de 300 mil clientes pueden denunciar ‘incumplimiento de contrato’ al no haber recibido los servicios que pagaron por adelantado.
La Procuraduría Federal del Consumidor, por su parte, informó que presentará una denuncia de hechos por las más de 3 mil 500 llamadas que ha recibido por asesoría y las 374 quejas contra Neoskin. Una vez aportados los elementos será la Procuraduría General de la República la que determinará si el proveedor es responsable del delito de fraude genérico.
Los empleados de la empresa acumulan más de 150 denuncias en la Junta de conciliación y arbitraje de Nuevo León; la mayoría busca solamente su finiquito, pues aún no han podido contactar con Garza Martínez. “Según la Ley Federal del Trabajo, la desaparición del patrón califica como despido injustificado” finalizaron los defensores.
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