Ciudad de México.-
A dos años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el compromiso con las familias de priorizar el tema de desaparición durante su gestión, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México expresó su preocupación porque las cifras van en aumento.
Al día de hoy, expuso, existen en México más de 90 mil personas desaparecidas, según los registros oficiales del gobierno federal.
Ante ello, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, conformado por 74 colectivos de 22 estados del país, anunció que el próximo lunes acudirán a Palacio Nacional para recordarle al presidente López Obrador sus demandas en materia de desaparición, que esperan se atiendan con un urgencia.
Indicó que la concentración del 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, se realizará desde las 6:30 de la mañana.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos presentó ayer jueves un informe en el que advierte que México vive una profunda crisis forense en materia de identificación humana, ya que existen 52 mil personas fallecidas sin identificar, según cifras oficiales obtenidas por el MNDM vía transparencia.
Lamentó que pese a que el gobierno se ha pronunciado sobre una “emergencia forense”, la implementación de medidas para afrontarla es aún muy limitada.
Según los datos contenidos en el informe, de entre las más de 52 mil personas fallecidas sin identificar, 60% yace en fosas comunes en cementerios públicos.
De acuerdo con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, las autoridades no han podido o no han querido informar dónde se encuentra el 22% de estas personas. Las restantes se encuentran en diversas instituciones como los servicios forenses, indicó.
“Estos datos dejan ver cómo el aumento de la violencia en los últimos 15 años ha tenido un gran impacto en la sociedad, particularmente en materia de desapariciones forzadas y homicidios. Al mismo tiempo se han agravado las limitaciones de los servicios forenses. Todo ello ha generado una afectación innegable en los derechos de las víctimas. El gobierno federal, especialmente desde la Secretaría de Gobernación, ha reconocido la existencia de una ‘emergencia forense’ en el país y ha impulsado algunas medidas pero, en general, su implementación es muy limitada”.
