Ciudad de México.-
A dos semanas del colapso de un edificio en demolición sobre Calzada de Tlalpan, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Bertha Alcalde, informó que la principal línea de investigación que tienen acerca del hecho es por omisiones de la empresa Demec que realizaba los trabajos.
Tras rendir un informe mensual de resultados, la fiscal aclaró que no tienen señalado de manera particular a ningún servidor público por este colapso, que dejó tres personas muertas y una más herida.
Alcalde explicó que están investigando posibles fallas técnicas en estos trabajos, pues la empresa usaba un método progresivo que le permitía tener control sobre la demolición. “Es muy importante esta línea de investigación, para eso nuestros peritos ingenieros están elaborando un dictamen relacionado con esto”, detalló.
Precisó que también se investigan posibles incumplimientos en las medidas de seguridad y protección civil y omisiones normativas en la obtención de permisos o autorizaciones para la demolición.
“No tenemos señalada de manera personal o particular un funcionario público como responsable. La principal línea de investigación tiene que ver con la posible responsabilidad penal de la empresa en torno a los incumplimientos que ya mencioné, pero otra línea de investigación está relacionada con posibles omisiones en la supervisión o en el otorgamiento de autorizaciones y estamos atendiendo ese punto, sin que hasta el momento haya algún funcionario señalado de manera particular”, expuso.
Tras el derrumbe del pasado 9 de marzo, la alcaldía Cuauhtémoc y la Secretaría de Vivienda han cruzado acusaciones sobre la responsabilidad que tenían en el otorgamiento de permisos para la demolición del inmueble.
La alcaldía aseguró que no otorgó el permiso para la demolición, incluso lo rechazó y que fue la Secretaría de Vivienda la que autorizó estos trabajos, a través de la Comisión de Reconstrucción, por lo que su función también era supervisarlos, ya que el inmueble contaba con un acuerdo de facilidades administrativas.
La autoridad de la demarcación dijo que este caso pone sobre la mesa la necesidad de revisar el esquema actual de autorizaciones y supervisión en demoliciones, particularmente aquellas que se realizan bajo acuerdos de facilidades, a fin de garantizar condiciones de seguridad más estrictas y una coordinación efectiva entre el Gobierno central y las alcaldías.
La Secretaría de Vivienda precisó que el acuerdo de facilidades administrativas no eximía de su labor de supervisión a la alcaldía.
El secretario Inti Muñoz explicó que la Constitución de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de las Alcaldías y el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal establecen que las alcaldías cuentan con la atribución exclusiva para registrar manifestaciones de obra, expedir permisos o licencias de construcción o demolición, así como vigilar administrativamente el cumplimiento de dichas autorizaciones.
En tanto, diputados locales de Morena pidieron a la Contraloría capitalina investigar el actuar de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega en este caso.
