Alcaldes de 28 municipios metropolitanos y rurales, además de integrantes de las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso -con excepción de Movimiento Ciudadano-, acudieron a la presentación del llamado “Pacto Nuevo León, por municipios fuertes y unidos”.El evento se llevó a cabo en la explanada del Congreso del Estado donde se detalló que la intención de este proyecto es el resideño de la distribución de los recursos a los municipios para evitar que se repita lo que, consideraron, una “agresión del gobierno del Estado” en la retención de los mismos por motivos políticos.
El primero en hacer uso de la palabra fue el alcalde de Apodaca, César Garza, quien rechazó la narrativa de la administración estatal que ha calificado a este movimiento como “el PRIAN”.
Explicó que aquí están reunidos alcaldes de todas las fuerzas políticas con excepción a los del partido del mandatario estatal, a quienes invitó a sumarse a esta idea que busca dar justicia a la repartición de recursos.
César Garza explicó que los alcaldes son el primer contacto con los ciudadanos y los que se encargan de recoger la basura, encender el alumbrado público y asegurarse de que salgan las patrullas y ambulancias que los ciudadanos requieren.
Lamentó que la disputa política surgida en el proceso de selección del nuevo fiscal del Estado, donde los alcaldes no tienen nada que ver, haya provocado una violenta reacción del gobernador quien en una actitud autoritaria utilizó las participaciones económicas a los Ayuntamientos como un arma para castigarlos.
Ante estas evidentes agresiones, que lesionaron más gravemente a los municipios rurales, se han iniciado acciones legales y se ha convocado a este bloque que, anunció Garza, usará el apoyo de los diputados para en la próxima discusión del presupuesto se fijen nuevas reglas, más justas y blindadas ante las intenciones represoras de un mandatario estatal.
Garza criticó el sistema actual de distribución del dinero público, pues cuando hay municipios que no tienen ni para pagar la gasolina de sus ambulancias y patrullas, existen otros como San Pedro Garza García que destinó 3 mil millones de pesos a la edificación de un museo.
El alcalde de Apodaca informó que los próximos jueves y viernes estarán en los municipios de Agualeguas y Galeana para iniciar un análisis de la situación actual de la distribución del presupuesto.
Por su parte el alcalde de San Nicolás, el panista Daniel Carrillo, reprochó al gobierno del Estado su actitud cuando han sido los ayuntamientos quienes, muchas veces por su cuenta propia, enfrentaron los gastos de la atención de crisis como la de seguridad, Covid-19, vacunación y la falta de agua.
Anunció cuatro estrategias que van a implementar de inmediato como lo son el establecimiento de una mesa de revisión puntual de la distribución de los recursos para proponer las reformas que se necesitan, la limpieza de los padrones catastrales de los Ayuntamientos, la revisión de los métodos de distribución de recursos a los municipios rurales y la asesoría a estos gobiernos, de las reglas financieras que les permitirá en un futuro, obligar a las dependencias del gobierno del Estado a pagar impuestos como el predial.
Andrés Mijes, alcalde de Escobedo emanado de MORENA, indicó que esta es una oportunidad histórica para darle justicia a la repartición de los dineros públicos y hizo un llamado a las fuerzas políticas para discutir este tema y sacar las mejores resoluciones.
Por último Ignacio Castellanos, alcalde de Agualeguas y emanado de las filas de Acción Nacional, hizo un dramático recuento de lo que ha sido para los Ayuntamientos como el suyo la retención de las participaciones por parte de la administración estatal.
Explicó que a diferencia de las ciudades grandes, donde ha recolección de impuestos por concepto de multas o permisos de construcción, en Agualeguas el 95 por ciento de los ingresos son las participaciones.
Esto quiere decir que al cortarles este dinero, no hay para pagar los sueldos de funcionarios municipales, quienes conforman el 60 por ciento de la población y quienes ganan salarios que no superan los mil 500 pesos a la semana.
A esto hay que agregar que el Estado les ordenó regresarle las patrullas ambulancias que les tenía prestadas por lo que ahora no se pueden brindar estos servicios públicos tan importantes.
“Lo que pedimos es más sensibilidad e empatía por parte del gobierno del Estado (…) ciudadanos de Nuevo León, hoy nosotros necesitamos de ustedes”, sentenció.
Mauro Guerra, presidente del Congreso Estatal, se comprometió ante los alcaldes a hacer respetar la autonomía y dignidad de los municipios frente a los embates del gobierno del Estado.
“Este Congreso no va a se ajeno a las exigencias, entendemos la necesidad de un pacto por Nuevo León”, aseguró.
